El Gobierno valenciano cierra el censo de ex presos políticos en 92 personas con derecho a indemnización

El Gobierno valenciano aprobó ayer definitivamente el censo de ex presos políticos que podrán recibir una indemnización por haber permanecido más de tres años de prisión por actos de intencionalidad política durante el franquismo y tener más de 65 años el 1 de enero de 2001.

El censo se aprobó definitivamente por la Consejería de Justicia el pasado 26 de octubre del año pasado, pero no fue ratificado por el pleno del Consell hasta ayer, cinco meses después. La comisión encargada de verificar los requisitos -entre los que figura no haber recibido indemnización alguna al amparo de las dis...

El Gobierno valenciano aprobó ayer definitivamente el censo de ex presos políticos que podrán recibir una indemnización por haber permanecido más de tres años de prisión por actos de intencionalidad política durante el franquismo y tener más de 65 años el 1 de enero de 2001.

El censo se aprobó definitivamente por la Consejería de Justicia el pasado 26 de octubre del año pasado, pero no fue ratificado por el pleno del Consell hasta ayer, cinco meses después. La comisión encargada de verificar los requisitos -entre los que figura no haber recibido indemnización alguna al amparo de las disposiciones incluidas en las leyes de Presupuestos del Estado de 1990 y 1992- ha reconocido el derecho a 92 personas, de las que sólo tres son mujeres.

Fuentes de la Consejería de Justicia y Administraciones Públicas indicaron que de la cifra total, 41 solicitudes fueron presentadas por los propios interesados, mientras que las 51 peticiones restantes fueron entregadas por sus hijos o cónyuges.

La relación de los 92 ex presos políticos se publicará en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV) la semana próxima. Tras la publicación, la comisión de la Consejería de Justicia tendrá que determinar la cuantía de la indemnización que corresponde a cada uno de los solicitantes.

Por otra parte, el Ejecutivo valenciano decidió ayer renovar ocho convenios para impulsar la utilización del valenciano por un importe global de 1,3 millones de euros; mientras que universidades, empresas, sindicatos y el resto de asociaciones o entidades participantes aportará otros 300.000 euros.

Durante la misma reunión del Gobierno valenciano se decidió ampliar a 79 el número de municipios en los que se pondrá en funcionamiento el programa Menjar a casa para personas mayores, así como un convenio para mejorar la integración de la población gitana.