El Ararteko urge a los ayuntamientos a regular el "grave problema urbanístico" del cierre de balcones
Un paseo por las calles de los pueblos y ciudades del País Vasco permite comprobar un imparable fenómeno urbanístico: el cierre indiscriminado de balcones, lo que da un aspecto exterior caótico a numerosos edificios. Ante la indiferencia de los ayuntamientos, que permiten la proliferación de estos cierres ilegales, el Ararteko ha alertado sobre la situación. El Defensor del Pueblo vasco urge a los municipios a hacer frente a este "grave problema urbanístico" a través de una regulación. En la actualidad, la mayoría de los balcones se cierra sin autorización y sin ningún tipo de criterio ni acci...
Un paseo por las calles de los pueblos y ciudades del País Vasco permite comprobar un imparable fenómeno urbanístico: el cierre indiscriminado de balcones, lo que da un aspecto exterior caótico a numerosos edificios. Ante la indiferencia de los ayuntamientos, que permiten la proliferación de estos cierres ilegales, el Ararteko ha alertado sobre la situación. El Defensor del Pueblo vasco urge a los municipios a hacer frente a este "grave problema urbanístico" a través de una regulación. En la actualidad, la mayoría de los balcones se cierra sin autorización y sin ningún tipo de criterio ni acción unitaria por parte de los vecinos de la misma comunidad, por lo que los materiales y el color empleados suelen ser muy diferentes.
En la carrera por ganar algún metro más para aprovechar el espacio disponible en las viviendas, el cierre de balcones "parece absolutamente imparable, tanto para edificios antiguos como para edificios de más reciente construcción", advierte el Ararteko. En su último informe de actividad correspondiente a 2004, resalta que el cierre de balcones es una actuación que no se puede legalizar posteriormente. El Ararteko puntualiza que los planeamientos municipales vigentes no permiten los cierres al considerar que se produce "un incremento del aprovechamiento edificatorio en edificios que ya han agotado el que tenían disponible".
Los ayuntamientos justifican a menudo su inactividad en este campo debido a la numerosísima existencia de cerramientos, lo que, según el Ararteko, lleva a un circulo vicioso: "No se actúa porque los cierres ilegales son generalizados y los cierres ilegales proliferan porque no se actúa".
El Defensor del Pueblo reclama a los ayuntamientos que regulen esta materia mediante las ordenanzas de edificación u otro tipo de instrumentos reglamentarios y, sobre todo, les invita a propiciar un debate amplio que permita concienciar a la ciudadanía sobre las consecuencias que se derivan de este tipo de instalaciones ilegales.