Las autonomías abren la reforma de sus estatutos

Las autonomías encaran, casi 25 años después de su constitución, la reforma de los estatutos para mejorar el autogobierno. A juzgar por algunas (Euskadi plantea una libre asociación con España y el derecho de autodeterminación; Cataluña quiere recaudar todos los impuestos y decidir cuánto devuelve a la Administración central, y la Comunidad Valenciana defiende una cláusula para sumarse a la autonomía que más competencias incluya en su estatuto...), el proceso reformista puede resultar histórico y tremendamente conflictivo. El Congreso ya ha tumbado la primera propuesta de reforma que ha llegad...

Las autonomías encaran, casi 25 años después de su constitución, la reforma de los estatutos para mejorar el autogobierno. A juzgar por algunas (Euskadi plantea una libre asociación con España y el derecho de autodeterminación; Cataluña quiere recaudar todos los impuestos y decidir cuánto devuelve a la Administración central, y la Comunidad Valenciana defiende una cláusula para sumarse a la autonomía que más competencias incluya en su estatuto...), el proceso reformista puede resultar histórico y tremendamente conflictivo. El Congreso ya ha tumbado la primera propuesta de reforma que ha llegado, la de Euskadi, que afronta un nuevo tiempo político tras las elecciones del pasado 17 de abril.

El PSOE andaluz apenas modifica los criterios relativos a la financiación autonómica

Lo que sigue -sin analizar los procesos en Cataluña y Euskadi- resume el estado general de esta cuestión relacionada con el modelo territorial de España y las ambiciones de los dirigentes autonómicos para las comunidades donde gobiernan.

A diferencia del tripartito catalán, los socialistas andaluces apenas tocan los principios generales que recoge el actual Estatuto de Andalucía sobre financiación autonómica. Sólo recalcan que el criterio de población, incluida la inmigración, es "esencial" para definir si esa financiación es suficiente. Y están a la espera de que la negociación con el Gobierno central sobre la deuda histórica -ingresos para compensar el bajo nivel de dotación con el que Andalucía recibió ciertas competencias estatales- se resuelva para eliminar esa referencia en el nuevo Estatuto.

La propuesta de reforma, que los socialistas andaluces quieren sacar adelante este año, se refiere a Andalucía como "nacionalidad", pero las cuestiones de identidad se resuelven en unas pocas líneas. De más calado es la apuesta por la codecisión con el Gobierno en varias materias. Los socialistas quieren que la comunidad autónoma participe en la planificación de infraestructuras estatales en Andalucía, que esté presente en los Consejos de Ministros de la UE que traten asuntos de su competencia, e involucrarse en la designación de miembros de instituciones estatales, como el Tribunal Constitucional, el Consejo General del Poder Judicial, el Banco de España, la Comisión Nacional de la Energía y la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones.

Además, el texto atribuye a la comunidad la capacidad para fijar el cupo de contratación de inmigrantes y para gestionar los ingresos de la Seguridad Social "con garantía de mantenimiento de la caja única", y al presidente andaluz le otorga la potestad de convocar consultas populares. Como nuevas competencias figuran los puertos, aeropuertos, ferrocarriles, museos y archivos públicos que se gestionen en Andalucía.

La reforma fija asimismo la obligación de la comunidad de garantizar una panoplia de derechos sociales (sanidad, educación, protección de mayores y menores, integración de personas discapacitadas y dependientes), en el que se incluye de modo expreso a los inmigrantes. Y prevé delegar competencias en los ayuntamientos.

En marzo de 2003, las Cortes de Aragón aprobaron por unanimidad un dictamen para profundizar en el autogobierno y acometer la reforma de su Estatuto de Autonomía. Fue la primera comunidad en hacerlo. Aragón planteaba la reforma para alcanzar el máximo autogobierno. En diciembre del pasado año se constituyó la ponencia encargada de esa reforma, que se reúne cada quince días, y de hecho esta misma semana ha aprobado por unanimidad la modificación de cinco artículos del Estatuto, entre ellos el que confiere al presidente del Gobierno autónomo la capacidad de disolver la Cámara y convocar elecciones que puedan abrir una legislatura completa; es decir, la autonomía para no estar a expensas de otras convocatorias electorales que hasta ahora podían obligar a no completar el periodo de gobierno de cuatro años.

Se aprobó también el cambio de denominación de Diputación General de Aragón por Gobierno Autónomo, y que el Tribunal Superior de Justicia de Aragón tenga competencias en los recursos de casación y revisión.

Aragón busca con la reforma abrir al máximo su capacidad de autogobierno, tener, por ejemplo, policía autonómica y no una unidad de la Policía Nacional adscrita como contempla el actual Estatuto, definir su denominación y desarrollar su ley de lenguas. En cuanto a la financiación, todavía está sin aplicar el artículo 48, aprobado en la reforma de 1996, que contempla un acuerdo de cooperación bilateral entre el Estado y la Comunidad para fijar compensaciones económicas, una ley orgánica sin cumplir a medio camino entre la financiación ordinaria y el cupo vasco.

El Principado de Asturias ha solicitado tres informes a otros tantos grupos de expertos universitarios. Sus dictámenes servirán de documentos de trabajo para una reforma estatutaria que está, pues, en su fase preliminar y que el Ejecutivo autónomo pretende acometer "con el máximo consenso posible" de las fuerzas parlamentarias y con la pretensión de que "quede formalmente perfilada" en la actual legislatura (2003-2007).

Para el Gobierno de Asturias, una alianza de PSOE e Izquierda Unida-Bloque por Asturias, la reforma estatutaria puede ser un factor que aflore divergencias entre las fuerzas políticas gobernantes. Una de ellas es el tratamiento que se conceda al asturiano o bable. Para IU-BA, la cooficialidad ha sido una reclamación persistente. El PSOE sólo ha accedido en los últimos 25 años a concederle un reconocimiento expreso en el estatuto para su protección y fomento pero sin otorgarle rango oficial.

La definición de la personalidad de la comunidad autónoma es otro espacio que puede abrir controversias. El estatuto vigente reconoce a Asturias el carácter de "comunidad histórica". El PP, en la oposición, ha defendido una reforma de máximos para equiparar a Asturias al misma rango que pudieran alcanzar cualesquiera otras comunidades autónomas, sean Cataluña o País Vasco.

Para Asturias, sin embargo, lo verdaderamente crucial es el modelo de financiación autonómica. Se trata de una región en declive industrial y con ajustes productivos aún inacabados, pero es además la comunidad autónoma que menor crecimiento económico ha acumulado desde 1975 -volvió a ser la última en 2004-, la de menor aumento demográfico -también lo fue el año pasado- y la que, con Galicia, presenta una mayor envejecimiento de población, lo que entraña elevados gastos sociales y sanitarios.

Por todo ello, es, con Extremadura, la comunidad con mayor dependencia de la solidaridad nacional y del fondo de cohesión interterritorial. Por consiguiente, cualquier revisión de los modelos de financiación autonómica y de la sanidad puede ser gravemente perjudicial para la sostenibilidad financiera de Asturias. De igual modo, una eventual ruptura de la caja única de la Seguridad Social, como pretende, por ejemplo, el País Vasco, a ninguna comunidad causaría tanto daño como a Asturias, que es la región que más depende de la solidaridad: el 40,1% de las prestaciones del sistema proceden de cotizaciones de otras regiones, casi el doble que las siguientes autonomías -Galicia y Castilla y León- más dependientes de los recursos exteriores.

El presidente de Asturias, Vicente Álvarez Areces, defiende el modelo federal, pero manteniendo como "irrenunciables" los principios de "cohesión social y territorial", el consenso como exigencia de cualquier reforma de la financiación de las comunidades autónomas, que ha de acometerse de forma multilateral -entre todas las comunidades y el Gobierno central- y no de modo bilateral -entre la Administración central y cada una de las regiones por la vía de las reformas estatutarias- porque lo segundo entrañaría "un retroceso de graves consecuencias políticas". Asturias exigirá "suficiencia financiera" para todas las comunidades y "un gran pacto" que garantice "la sostenibilidad del sistema financiero de la sanidad pública" para no dañar el derecho a la "igualdad de servicios y prestaciones" de los ciudadanos "con independencia de donde vivan".

La reforma del Estatuto de Baleares de 1983 transcurre lentamente, desde hace ocho meses, por doble vía, en la ponencia parlamentaria que se ha reunido en cuatro ocasiones y a través de una comisión expertos. En ambos ámbitos pesa la mayoría absoluta del PP y la falta de consenso y objetivos. Antes de mayo 2006 no está previsto que se cierre el proyecto articulado para su tramitación, según los portavoces del PP, Joan Huguet, y del PSOE, Francina Armengol. El PP quiere equiparar las islas con el resto de comunidades, proclamar la nacionalidad histórica, crear un nuevo consejo insular en Formentera o equprar su estatus al de la isla de Hierro o las ciudades autónomas de Melilla y Ceuta. La mayoría señala que el sistema de financiación contemplará una agencia tributaria propia. "No queremos en España un reino de taifas", dice Huguet, que defiende la policía autonómica y subraya que "España es la única nación".

El PSOE cree que "se camina lentamente" y reprocha al PP la falta de una negociación global previa, un pacto bilateral para definir el marco competencial y la estructura de poder y gestión entre el Estado, el Gobierno balear y cada una de las islas que se autodefinen gobiernos. Los socialistas también han exigido al presidente balear, Jaume Matas, que el eventual pacto estatutario incorpore "un acuerdo sobre modelo audiovisual.

La reforma del Estatuto de Autonomía de Canarias, uno de los textos más ambiciosos que se han planteado en las comunidades autónomas, se produce desde hace meses sin aportaciones del Grupo Parlamentario Socialista, que abandonó la comisión instituida en el Parlamento para su estudio por la negativa de los otros tres grupos a discutir simultáneamente la reforma electoral. Previamente a este plante de los socialistas canarios, un comité de expertos designado por los cuatro grupos parlamentarios (Coalición Canaria, PP, Partido de Independientes de Lanzarote y PSC) preparó un borrador de reforma completa del Estatuto de Autonomía de Canarias, que fue aprobado por unanimidad y remitido para su discusión al Parlamento. Este documento pasa ahora por una fase de consultas.

Aún si el PSC no se incorporara al debate, el nuevo estatuto canario sí podría aprobarse en el Parlamento autónomo, aunque quedaría bloqueado en Madrid si persistiera el divorcio político actual.

Durante las discusiones sobre el borrador del nuevo estatuto, los expertos constitucionalistas han expuesto dos corrientes de opinión, en especial a partir de la nueva redacción del artículo 30, calificado en enero "filosoberanista" por el ministro de Administraciones Públicas, Jordi Sevilla. El polémico artículo del borrador (30.3) propone que "el derecho propio de Canarias en materias de su competencia se aplicará con preferencia al del Estado", mientras el 30.4 reclama la misma consideración para el archipiélago lograda en el nuevo Tratado de Constitución europea: "Cuando la condición ultraperiférica derivada de la lejanía e insularidad de Canarias incide de manera determinante en alguna de las competencias establecidas en el artículo 32 del Estatuto" [que establece las competencias de la comunidad], "la normativa básica estatal reconocerá tal circunstancia y, por tanto, la plena competencia autonómica".

Este último aspecto persigue una identificación con el artículo III.424 de la Unión, que reconoce el tratamiento singular que ha de darse a las leyes comunitarias en las islas, atendiendo a la condición de región ultraperiférica.

Una corriente de opinión defiende la constitucionalidad del texto, mientras otra rechaza la asunción de más competencias vía estatuto y propone una segunda ley orgánica de transferencias (más conocida por Lotraca), donde negociar las históricas reivindicaciones nacionalistas (aguas interiores, gestión de puertos y aeropuertos, representación en el exterior, comercio, hacienda y policía canaria, entre más de 30 materias).

En la Comunidad de Madrid, pese a los anuncios hechos por la presidenta, Esperanza Aguirre (PP), sobre una reforma para dividir la región en 12 circunscripciones electorales, no hay aún ningún texto ni negociaciones para la reforma estatutaria.

Información elaborada por Alejandro Bolaños (Sevilla), Joaquín Ferrandis (Valencia), Xosé Hermida (Santiago), Concha Monserrat (Zaragoza), Javier Cuartas (Oviedo), Andreu Manresa (Palma), Juan Manuel Pardellas (Tenerife).