Un año en penal lejano
La familia del sevillano encarcelado en Bolivia pide la mediación de Garzón
Javier Villanueva, sevillano de 28 años, lleva un año encarcelado en la ciudad boliviana de Santa Cruz de la Sierra. En la tarde del 28 de abril de 2004, la policía acudió al restaurante que regentaba en la urbe cruceña y lo detuvo. Le acusaban de haber participado en el asesinato con un coche bomba de la fiscal Mónica von Borries dos meses antes.
El juicio, en principio, estaba previsto que comenzara el 3 de mayo, pero se retrasará algunos días más debido a la demora en la elección de los miembros del tribunal ciudadano. El padre del sevillano, el cirujano Francisco Villanueva, ya est...
Javier Villanueva, sevillano de 28 años, lleva un año encarcelado en la ciudad boliviana de Santa Cruz de la Sierra. En la tarde del 28 de abril de 2004, la policía acudió al restaurante que regentaba en la urbe cruceña y lo detuvo. Le acusaban de haber participado en el asesinato con un coche bomba de la fiscal Mónica von Borries dos meses antes.
El juicio, en principio, estaba previsto que comenzara el 3 de mayo, pero se retrasará algunos días más debido a la demora en la elección de los miembros del tribunal ciudadano. El padre del sevillano, el cirujano Francisco Villanueva, ya está en Bolivia. Ha explicado que pretende que el juez Baltasar Garzón, actualmente en excedencia, esté presente durante la vista oral como observador. Villanueva dijo que el propio magistrado, que conoce el caso ya que ha visitado la ciudad boliviana y ha mantenido contactos con la familia, lo habría solicitado.
El sevillano se enfrenta a una pena máxima de 30 años de prisión, según la legislación boliviana. El encargado de la investigación, el fiscal Hugo Iquise, lo considera el autor material del atentado contra von Borries. Para Iquise, Villanueva formaba parte de una banda criminal liderada por el italiano Marco Marino Diodato, actualmente en paradero desconocido después de haberse fugado de la justicia.
Junto al español, están acusados de haber participado en el atentado los brasileños Sandro Carvalho y Ricardo Borba Mezquita, para los que el Ministerio Fiscal solicita penas menores. Las declaraciones de estos dos detenidos han sido decisivas a la hora de inculpar a Villanueva. Uno de ellos, hace unas semanas, llegó a retirar sus acusaciones contra el español, pero, a los pocos días, volvió a mantenerlas.
La tarde del 28 de abril en la que Villanueva fue detenido tiene algunos claroscuros. Según el relato que el sevillano hizo a este periódico, fue introducido en un coche y trasladado a un lugar desconocido. Allí, siempre según su versión, fue torturado hasta que grabó un video en el que se autoinculpaba con pelos y señales. El cuerpo del detenido presentaba marcas y hematomas una semana después de ser arrestado. La policía boliviana las atribuye al forcejeo durante la detención. Lo que sí parece claro es que no se sabe dónde estuvo en cuatro horas de arresto, según un informe del Defensor del Pueblo de Bolivia.
El sevillano pasó unos días en las dependencias de la Policía Técnica Judicial (PTJ), en el centro de Santa Cruz de la Sierra. El 7 de mayo, por la mañana, fue trasladado al penal de Palmasola, a unos 15 kilómetros de la capital cruceña. Allí está recluido en una celda especial desde entonces. La familia y la defensa han solicitado en varias ocasiones que se le concediera la libertad provisional hasta que comenzara el juicio, pero siempre ha sido denegada por defectos de forma o por considerar que había un riesgo de fuga.
Palmasola, una de las prisiones más conflictivas del país según varias organizaciones no gubernamentales, es el hogar del sevillano desde hace casi 12 meses. En una pequeña casita en medio del penal, con una cocina y varias estancias que hacen de celdas, está Villanueva. Dentro del perímetro de la cárcel, los policías no entran. Los presos se encargan de imponer el orden.
Villanueva saldrá de la cárcel cuando comience el juicio en Santa Cruz. Su familia espera que, después, no tenga que volver. El padre del detenido, desde que comenzó toda la historia, ha solicitado más implicación del Gobierno español. Sin embargo, se queja de que no llega. Esta implicación sería clave si, finalmente, el español es considerado culpable. Entonces, la familia intentaría que cumpliera la pena en España.