Los ayuntamientos más importantes del PP casarán a gays

El intento de impedir la celebración de las bodas homosexuales en los ayuntamientos lanzado por el alcalde de Valladolid, Javier León de la Riva, del PP, quedó ayer aplastado por sus propios correligionarios. Los consistorios de 16 capitales gobernadas por el PP (incluidas Madrid, Valencia y Málaga) anunciaron que acatarán la ley. Esta reacción en cadena llegó después de que el Ministerio de Justicia recordase que, cuando la ley entre en vigor (en junio), impedir estos enlaces será ilegal y, según los juristas, supondrá incurrir en prevaricación.

La mayoría de los alcaldes del PP señala...

El intento de impedir la celebración de las bodas homosexuales en los ayuntamientos lanzado por el alcalde de Valladolid, Javier León de la Riva, del PP, quedó ayer aplastado por sus propios correligionarios. Los consistorios de 16 capitales gobernadas por el PP (incluidas Madrid, Valencia y Málaga) anunciaron que acatarán la ley. Esta reacción en cadena llegó después de que el Ministerio de Justicia recordase que, cuando la ley entre en vigor (en junio), impedir estos enlaces será ilegal y, según los juristas, supondrá incurrir en prevaricación.

La mayoría de los alcaldes del PP señalaron que ellos no celebrarán las bodas, pero que delegarán en los concejales la competencia, de forma que los homosexuales no tengan problema en casarse. En esta línea, el líder del PP, Mariano Rajoy, pidió que cesen las amenazas y recordó que en los ayuntamientos "a veces casa un concejal y a veces casa otro". Ante esta falta de apoyos, el propio alcalde de Valladolid dio marcha atrás y por la tarde afirmó que va a "respetar la ley" y que delegará para estos enlaces en un concejal.

Dos destacados representantes de la Iglesia mantuvieron viva la llama de la polémica. Siguiendo la senda trazada el viernes pasado por el presidente del Consejo Pontificio para la Familia, Alfonso López Portillo, que exhortó a los funcionarios españoles a la "objeción de conciencia" ante las bodas gays, el obispo de Castellón, Juan Antonio Reig Pla, llamó ayer a la desobediencia civil. Un paso más dio el arzobispo emérito de Barcelona, el cardenal Ricard Maria Carles, quien sentenció: "Si está primero la obediencia a la ley que a la conciencia, esto lleva a Auschwitz".

El ministro de Justicia, Juan Fernando López Aguilar, insistió en que no cabe alegar objeción de conciencia para cumplir leyes aprobadas por el Parlamento y que la norma "obliga a todos", especialmente a los responsables políticos.