Tolerancia cero frente a la especulación

La Junta de Andalucía lleva años combatiendo con firmeza y casi en solitario la especulación urbanística. Se ha desarrollado desde la Consejería de Obras Públicas un trabajo meticuloso y sin descanso para hacer frente a los puntuales desmanes urbanísticos que se han ido detectando. La Ley de Ordenación Urbanístico ha sido el instrumento normativo que nos ha permitido hacer frente a los intentos de algunos especuladores de sacar tajada.

Nuestro compromiso con la sociedad andaluza ha sido y es claro: tolerancia cero frente a la especulación. Así, en las Comisiones Provinciales de Urbanism...

La Junta de Andalucía lleva años combatiendo con firmeza y casi en solitario la especulación urbanística. Se ha desarrollado desde la Consejería de Obras Públicas un trabajo meticuloso y sin descanso para hacer frente a los puntuales desmanes urbanísticos que se han ido detectando. La Ley de Ordenación Urbanístico ha sido el instrumento normativo que nos ha permitido hacer frente a los intentos de algunos especuladores de sacar tajada.

Nuestro compromiso con la sociedad andaluza ha sido y es claro: tolerancia cero frente a la especulación. Así, en las Comisiones Provinciales de Urbanismo no se aprueba nada que no esté conforme con la legalidad. Es conveniente tener en cuenta que los ayuntamientos tienen las competencias para conceder licencias y firmar convenios urbanísticos, mientras que el Gobierno andaluz únicamente puede impugnarlos ante los tribunales si infringen la normativa vigente. Los tribunales están convalidando resolución tras resolución los recursos de la Administración autonómica.

Un caso flagrante es el del Ayuntamiento de Marbella, al que se han recurrido 400 licencias concedidas de acuerdo al Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), aprobado por GIL y PP, que ahora ha sido declarado ilegal por los tribunales a iniciativa de la Junta. El Partido Popular no puede eludir su parte de responsabilidad en el desarrollo urbanístico, cuando además de avalar las tesis de Jesús Gil, gobierna en más de un tercio de los municipios de la Costa del Sol.

Tenemos la oportunidad de dar un paso más para velar por un desarrollo sostenible a través de la modificación puntual de la Ley con el objetivo de que la Junta pueda asumir de forma excepcional las competencias urbanísticas de un municipio si el Parlamento andaluz determina que ha existido un incumplimiento grave de sus obligaciones y deberes por parte del ayuntamiento. No ha de ser entendida ni como una iniciativa dirigida contra la autonomía municipal ni contra nadie, sino un mecanismo de defensa de los intereses del conjunto de la ciudadanía y así también lo deben entender la inmensa mayoría de los constructores. Modelos agresivos como el de algunas zonas de la Costa del Sol tienen unos efectos a medio plazo irreversibles, por lo que no podemos cruzarnos de brazos hoy y lamentarnos mañana.

No es tiempo de ambigüedades. El Partido Popular no puede defender una cosa y la contraria. No puede hablar de caos urbanístico y oponerse a que la Junta actúe con contundencia contra la especulación. Lo que hace el PP tiene nombre: cinismo y demagogia. Javier Arenas tiene una ocasión extraordinaria para demostrar si está con los ciudadanos o con los especuladores.

Luis Pizarro Medina es secretario de Organización del PSOE de Andalucía.