Por Andalucia: stop a la especulación
El pasado año en Andalucía se construyeron ciento cuarenta mil viviendas, tantas como en todo Reino Unido. Cada día, tres hectáreas de terreno se ocupan por nuevas urbanizaciones. Esta situación nada tiene que ver con el bien común o con la necesidad de viviendas de los andaluces, sino con un simple fenómeno de especulación urbanística.
Cientos de ayuntamientos andaluces entregan su territorio a la voracidad del mercado. Consumen así los recursos naturales, modifican la cultura de convivencia y de ciudadanía, encarecen un bien básico como es la vivienda e hipotecan el futuro de las nuev...
El pasado año en Andalucía se construyeron ciento cuarenta mil viviendas, tantas como en todo Reino Unido. Cada día, tres hectáreas de terreno se ocupan por nuevas urbanizaciones. Esta situación nada tiene que ver con el bien común o con la necesidad de viviendas de los andaluces, sino con un simple fenómeno de especulación urbanística.
Cientos de ayuntamientos andaluces entregan su territorio a la voracidad del mercado. Consumen así los recursos naturales, modifican la cultura de convivencia y de ciudadanía, encarecen un bien básico como es la vivienda e hipotecan el futuro de las nuevas generaciones ya que el suelo es un bien limitado que no puede crearse.
El interés de los especuladores se dirige a tres zonas: el litoral, las áreas metropolitanas y los espacios protegidos. Desde el cabo de Gata, la vega de Granada, la costa tropical, la costa del sol, el aljarafe sevillano, los parques naturales de Jaén y Córdoba, las inmensas costas de Cádiz y Huelva, no hay espacio o resquicio para el interés común. Se programan crecimientos desorbitados, se autorizan recalificaciones salvajes, se hacen convenios urbanísticos fuera de control donde a cambio de algunas migajas de plusvalías públicas, los especuladores obtienen multimillonarios beneficios.
Ha triunfado el criterio contrario al interés común, a la Constitución, al Estatuto de Autonomía que establecen la planificación urbanística y la lucha contra la especulación como obligaciones de los poderes públicos. El gobierno andaluz no puede "lavarse las manos" en este proceso ya que tiene encomendadas las competencias urbanísticas, la coordinación y la vigilancia de la normativa, así como la aprobación de planes urbanísticos subregionales que pongan coto a la especulación y salvaguarden el interés común.
La patronal de la construcción ha puesto el dedo en la llaga de sus intereses oponiéndose a que la Junta de Andalucía planifique el territorio ya que "muchos suelos serán no urbanizables". Hasta ahora la Junta, con su silencio o su aprobación, ha permitido la especulación ya que ha renunciado a establecer gran parte de los planes supramunicipales o lo ha hecho con tal tardanza y tibieza que resultan inútiles (¿cómo explicar que hasta ahora no se haya publicado el Plan Subregional de la Costa del Sol o que todavía no exista plan para Sevilla y su área metropolitana?).
Para empezar a hablar en serio en esta materia es necesario que el gobierno andaluz asuma sus responsabilidades, planifique el territorio, sea inflexible con la especulación venga de donde venga, y restablezca una legalidad agujereada por intereses ilegítimos.
Concha Caballero es portavoz del grupo parlamentario de Izquierda Unida.