La reforma estatutaria implicará la descentralización del Poder Judicial

La descentralización del Poder Judicial que implica la reforma del Estatuto de Autonomía tal y como lo plantea la ponencia parlamentaria será uno de los principales escollos en la negociación final del texto. Y es que a nadie se le escapa que, de aplicarse estos cambios, habría una auténtica revolución autonomista en uno de los órganos más centralistas del Estado.

Para adaptar la Ley Orgánica del Poder Judicial a esta concepción deberían cambiarse 159 artículos de una ley que consta de 508, según el título de la reforma del Estatuto redactado en primera lectura. El borrador de Estatuto ...

La descentralización del Poder Judicial que implica la reforma del Estatuto de Autonomía tal y como lo plantea la ponencia parlamentaria será uno de los principales escollos en la negociación final del texto. Y es que a nadie se le escapa que, de aplicarse estos cambios, habría una auténtica revolución autonomista en uno de los órganos más centralistas del Estado.

Para adaptar la Ley Orgánica del Poder Judicial a esta concepción deberían cambiarse 159 artículos de una ley que consta de 508, según el título de la reforma del Estatuto redactado en primera lectura. El borrador de Estatuto prevé que el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) sea el órgano jurisdiccional en el que "culmine" la organización judicial en el territorio de Cataluña. Con ello, este tribunal pasaría a ser el último organismo de apelación de cualquier causa judicial iniciada en territorio catalán.

En lo que se refiere al gobierno de los jueces, el Consejo General del Poder Judicial vería aparecer nuevos organismos autonómicos que ejecutarían sus directrices sin restarle competencias y le informarían de las necesidades de personal, además de proporcionarle la información que el Consejo solicite. Según la propuesta de reforma, los miembros de estos organismos, que en el caso de Cataluña se denominaría Consejo Territorial de Justicia, tendrían el mismo trato que los componentes del Consejo General del Poder Judicial.

El borrador especifica que los magistrados y jueces que ocupen una plaza en Cataluña deberán acreditar un "conocimiento suficiente" del derecho propio de la comunidad y de la lengua catalana para "hacer efectivos los derechos lingüísticos de los ciudadanos".