Gobierno y sindicatos firman el convenio colectivo de 50.000 funcionarios de la Administración regional
El consejero de Presidencia, Francisco Granados, suscribió ayer con los representantes de las organizaciones sindicales un acuerdo de trabajo del personal funcionario y el convenio colectivo que tendrán una vigencia hasta el año 2007. El convenio afecta a unos 50.000 empleados públicos, con excepción de los médicos y los profesores.
Tras el acto, que tuvo lugar en la Real Casa de Correos, Granados valoró muy positivamente estos acuerdos que, según dijo, "permiten consolidar la estabilidad en el empleo, la promoción y mejora de las condiciones laborales, así como ponerse en manos de una ...
El consejero de Presidencia, Francisco Granados, suscribió ayer con los representantes de las organizaciones sindicales un acuerdo de trabajo del personal funcionario y el convenio colectivo que tendrán una vigencia hasta el año 2007. El convenio afecta a unos 50.000 empleados públicos, con excepción de los médicos y los profesores.
Tras el acto, que tuvo lugar en la Real Casa de Correos, Granados valoró muy positivamente estos acuerdos que, según dijo, "permiten consolidar la estabilidad en el empleo, la promoción y mejora de las condiciones laborales, así como ponerse en manos de una herramienta útil para planificar y adaptar los recursos humanos a las necesidades para mejorar la atención y servicios a los ciudadanos".
Los dos acuerdos firmados buscan unificar los dos regímenes del personal al servicio de la Administración regional e incorporan a sus ámbitos de aplicación al personal del organismo autónomo Madrid 112, el personal del Instituto de la Salud Pública y la Agencia de Formación e Investigación Laín Entralgo, además de la plantilla de Madrid Excelente.
Entre las principales novedades que incluye se encuentran la flexibilización de la jornada laboral, procesos de consolidación de empleos, medidas de protección integral contra la violencia doméstica, medidas para facilitar el acceso a empleo público a personas con discapacidad, incrementos en las retribuciones y la organización de los tribunales de selección.
Según indicó Granados, destacan las medidas para regular la flexibilización de jornada para hacer efectiva la protección o el derecho de asistencia social integral de las trabajadoras víctimas de la violencia doméstica, o la posibilidad de excedencia con reserva del puesto de trabajo o de traslado del mismo en caso de necesidad.
También se ofrece la posibilidad de realizar un horario de verano, entre julio y septiembre, de nueve a dos de la tarde, previa recuperación de las horas en los meses anteriores, lo que "facilitará la conciliación de la vida laboral y familiar".
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