Atrium: ¿Primará la ley o el chanchullo?
En sintonía quizá con el opresivo festejo fallero, la semana política se ha amenizado con episodios y decires notables. El escandalillo municipal de Orihuela a propósito del interventor caído en desgracia por la distracción de unos euros apunta con agravarse y salpicar a otros sujetos. Un sondeo demoscópico del PP revela que el PSPV no levanta cabeza, lo que nos conmina a cuestionar la lucidez de los electores, la fiabilidad de la consulta o la calidad de los liderazgos. La alcaldesa Rita Barberá, portento de inteligencia emocional (¿qué otra podría ser?), ha parido la perla de la semana: "Ést...
En sintonía quizá con el opresivo festejo fallero, la semana política se ha amenizado con episodios y decires notables. El escandalillo municipal de Orihuela a propósito del interventor caído en desgracia por la distracción de unos euros apunta con agravarse y salpicar a otros sujetos. Un sondeo demoscópico del PP revela que el PSPV no levanta cabeza, lo que nos conmina a cuestionar la lucidez de los electores, la fiabilidad de la consulta o la calidad de los liderazgos. La alcaldesa Rita Barberá, portento de inteligencia emocional (¿qué otra podría ser?), ha parido la perla de la semana: "Éste es el Gobierno que más ha agraviado a los valencianos". ¿Así, sin matices? Confunde el todo con la parte. ¿Metonimia, sinécdoque o mero disparate?
Hay avío para comentar, pero a nuestro entender la palma del interés público, por su nota de suspense, se la lleva el desenlace de la amenaza o ejecución del fallo que pesa sobre el complejo Atrium Beach, de La Vila Joiosa. ¿Tendrá que demolerse la superficie construida y no legalizada -se habla de once plantas, nada menos-, además de pagar la cuantiosa multa superior a los 12 millones de euros impuesta por el Consell? El alcalde de la villa, el pepero José Manuel Llorca, se mostró muy desafiante a comienzo de la semana al afirmar que ignoraría la resolución judicial y las sanciones, procediendo a bendecir administrativamente el desafuero urbanístico. Por reaños.
La bravata no aguantó mucho. El jueves pasado, en vísperas del pleno municipal convocado al efecto, el edil retiró el correspondiente punto del orden del día a fin de buscar una salida concertada con las demás fuerzas políticas -PSPV y Bloc, básicamente- no del todo ajenas a este desmán, bajo cuyo gobierno se engendró. El carácter unívoco de la resolución judicial, desestimatoria de los recursos interpuestos, y la firmeza de la Consejería de Territorio y Vivienda ("Estamos ante un caso de extrema gravedad de disciplina urbanística", declaró el titular del departamento, Rafael Blasco) han templado el arrojo del munícipe.
¿Y cual es ahora el paso siguiente? En pura lógica y al filo de la ley lo procedente sería concertar la manera menos gravosa para terceros de ejecutar la sanción, esto es, demoler toda la superficie excesiva e ilegalizable, apoquinar la multa y vérselas con los damnificados por el engaño, pues les vendieron gato por liebre. En el mismo envite podría anudarse una cuerda de presos responsables de este entuerto y establecer así un precedente disuasorio para todos aquellos que -inmobiliarios y concejales- siguen confiando en la intangibilidad de los hechos consumados, esto es, en el abuso urbanístico bien cimentado. ¡A ver quién se atreve con un hotel tan alto y de nombre tan cursi, pensaría -es un decir- el temerario alcalde vilero Miguel Llorca.
Cualquier otra opción requeriría ser prodigiosa para no incurrir en el chanchullo o insinuarnos el intento de repartir las responsabilidades u otros dividendos perversos. Los jueces han dicho ya su palabra y también la Administración, tanto por boca del Consell como del consejero competente. De éste, por cierto, podríamos recordar que en 1986 -año más o menos-, vistiendo otros colores, no dudó en dinamitar una edificación irregular en Ifach. Fue la noticia inmobiliaria del momento, aunque no tan ejemplarizante como hubiéramos querido. Es imaginable que, de haber insistido en el rigor, nuestro litoral no habría alcanzado tales similitudes con Dodge City o Marbella, por citar dos referencias donde la ley ha sido laxa y barata. Ni el alcalde de La Vila hubiera tenido arrestos para ver crecer, sin impedirlo, esa monumental irregularidad que nos ocupa.
Obviamos decir que este asunto y el trance en que se encuentra ha condensado la atención política y mediática. Hay quien apunta que prosperará el subterfugio o cambalache para dejar las cosas casi como están, y quien, sin mucha claridad, arguye que Atrium Beach "paga los platos rotos de la consejería o está a punto de convertirse en la coartada ética para sostener otras decisiones políticas cuestionables". Si es adivinanza, la gallina. Conjeturas al margen, la solución está al caer. Como, a nuestro parecer, los muchos metros cuadrados edificados irregularmente.
POLÍTICA CENSITARIA
El orondo y locuaz Julio de España, presidente de las Cortes, aspira a serlo también de su partido en Alicante (es insaciable). En la refriega por el voto y a propósito de un contricante ha dicho que es "ambicioso" y que "está en fase de creación de patrimonio", versión sibilina de "estoy en política para enriquecerme". Sobre todo, si se gobiernan áreas de urbanismo. Maldades aparte, lo cierto es que estos detalles nos evocan las ventajas de la política censitaria, esa que solo otorgaba el voto y la representación a quien no tuviese necesidad de "forrarse". Hay quien habla y se le entiende todo.
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