Anulado el despido del gerente de Azkoyen porque pagó a ETA por orden de sus jefes
El Tribunal Superior de Justicia de Navarra (TSJN) ha dictado una sentencia en la que considera improcedente el despido de Jesús Marco Calahorra, gerente de la empresa Azkoyen, que reconoció ante el juez Baltasar Garzón haber detraído 220.000 euros de las cuentas de la firma para entregárselas a ETA para pagar el chantaje que denominan "impuesto revolucionario". La dirección de la empresa navarra envió a Calahorra en mayo de 2004 una carta de despido en la que se afirmaba que su conducta había sido "gravísima" y su "deslealtad" quebrantaba "los más elementales principios que rigen la relación ...
El Tribunal Superior de Justicia de Navarra (TSJN) ha dictado una sentencia en la que considera improcedente el despido de Jesús Marco Calahorra, gerente de la empresa Azkoyen, que reconoció ante el juez Baltasar Garzón haber detraído 220.000 euros de las cuentas de la firma para entregárselas a ETA para pagar el chantaje que denominan "impuesto revolucionario". La dirección de la empresa navarra envió a Calahorra en mayo de 2004 una carta de despido en la que se afirmaba que su conducta había sido "gravísima" y su "deslealtad" quebrantaba "los más elementales principios que rigen la relación laboral".
Ahora el TSJN, en una sentencia dada a conocer ayer, rechaza estos argumentos de Azkoyen al considerar como "hechos probados" que fueron los miembros del consejo de administración quienes "decidieron y dispusieron que el actor efectuase el pago y los asientos contables en la forma en que lo hizo, con su plena aquiescencia y conocimiento". Es decir, que el gerente hizo los pagos y los ocultó en las cuentas por orden de sus superiores.
Tras recibir varias cartas de extorsión, el grupo navarro, líder español de máquinas expendedoras, decidió en 2001 acceder al chantaje de los terroristas. Su entonces director general, Ignacio Moreno, siguiendo instrucciones del consejo, dice la sentencia, encomendó a Calahorra ir retirando dinero de las cuentas de la firma mediante operaciones contables y entregar 37 millones de pesetas a los terroristas en Francia. Los jueces consideran que Calahorra no vulneró el principio de buena fe que rige la relación laboral y que, aunque pudo haberse negado a ello, lo hizo conociendo las amenazas dirigidas desde 1994 por ETA contra los responsables de la empresa.
La salida a la luz de la investigación de Garzón, en abril de 2004, provocó la dimisión de dos consejeros y la salida forzada de otros tres, entre ellos su entonces presidente Juan Félix Iriondo.