El PP frena la investigación de las grabaciones del 'caso Majadahonda'

En la segunda cita de la comisión de investigación de Majadahonda, el PP votó en contra de solicitar el vídeo grabado de una reunión entre ediles populares, donde el alcalde, Narciso de Foxá, implicaba a la presidenta del partido y de la Comunidad, Esperanza Aguirre, en la paralización de la venta de una parcela. El grupo popular rechazó la petición porque consideran que se trata de una conversación privada, obtenida de forma ilegal. Los demás grupos (PSOE, CDS e IU) votaron a favor al considerar que es una prueba que puede ayudar a clarificar la investigación.

La representante del CDS,...

En la segunda cita de la comisión de investigación de Majadahonda, el PP votó en contra de solicitar el vídeo grabado de una reunión entre ediles populares, donde el alcalde, Narciso de Foxá, implicaba a la presidenta del partido y de la Comunidad, Esperanza Aguirre, en la paralización de la venta de una parcela. El grupo popular rechazó la petición porque consideran que se trata de una conversación privada, obtenida de forma ilegal. Los demás grupos (PSOE, CDS e IU) votaron a favor al considerar que es una prueba que puede ayudar a clarificar la investigación.

La representante del CDS, Mercedes Pedreira, pidió en la primera reunión de la comisión, celebrada la semana pasada, que se consiguieran las cintas que difundió la cadena SER. Pedreira cree que es una parte fundamental de la investigación de donde se puede deducir la petición de comparecencias posteriores. En la grabación subrepticia, el alcalde Narciso de Foxá decía que las parcelas "no iban" porque lo decía Aguirre. También se escuchaba al anterior regidor, Guillermo Ortega, quejarse de que sufría "chantaje".

En la reunión de ayer, el portavoz socialista, Ricardo Núñez, afirmó que con la documentación estudiada hasta el momento se confirma que las operaciones de subasta de edificación de vivienda libre han sido "extremadamente perjudiciales" para los intereses municipales.

Núñez calcula que la localidad perdió con el permutazo sin "poner ni un solo ladrillo" 43 millones de euros. Un importe que, según los socialistas, no refleja la pérdida patrimonial del Ayuntamiento, que superará los 110 millones de euros.

La portavoz de IU, Dolores Dolz, mantiene que no le han aclarado dónde han ido a parar los ingresos obtenidos con la venta de derechos de edificación. Dolz solicitó ayer también una valoración externa y justificada por expertos de los derechos. Además, pidió la declaración de bienes de todos los responsables políticos que intervinieron en la enajenación de los derechos urbanísticos.

Según la presidenta de la comisión, Carmen Menéndez, del PP, la investigación ya ha aclarado que todos los grupos políticos estaban de acuerdo en edificar vivienda protegida en suelo libre. "La decisión fue tomada por el consejo y todos votaron a favor", puntualiza.