Los 'becarios' reclaman al sector público y privado una carrera investigadora

"En la actualidad existen más investigadores que puestos de trabajo -más oferta que demanda-, y es en la progresión de estos investigadores en una carrera investigadora y en su estabilización donde se encuentra el verdadero cuello de botella", sostiene el documento sometido a discusión en el III congreso de la Federación Jovénes Investigadores, celebrado los días 3 y 4 de marzo en el Colegio Mayor Rector Peset de la Universitat de València.

Un largo guión distribuido -en cinco mesas de trabajo durante dos días- en la que un centenar de jóvenes "becarios/precarios" ha recla...

"En la actualidad existen más investigadores que puestos de trabajo -más oferta que demanda-, y es en la progresión de estos investigadores en una carrera investigadora y en su estabilización donde se encuentra el verdadero cuello de botella", sostiene el documento sometido a discusión en el III congreso de la Federación Jovénes Investigadores, celebrado los días 3 y 4 de marzo en el Colegio Mayor Rector Peset de la Universitat de València.

Un largo guión distribuido -en cinco mesas de trabajo durante dos días- en la que un centenar de jóvenes "becarios/precarios" ha reclamado el "concurso del Estado y la empresa" para alcanzar un "gran pacto" -que incluya a las Universidades, centros de investigación públicos y privados y comunidades autónomas- que permita de una vez por todas "definir y diseñar una carrera investigadora" cumplir con "los objetivos fijados los gobiernos europeos en las cumbres de Barcelona y Lisboa de incorporar a un gran número de investigadores y tecnólogos al entorno productivo y académico". Éste es a grandes rasgos -según la reflexión de Jaime Martín, coordinador de la Federación madrileña, y Jordi Gil, del área valenciana- el planteamiento puesto sobre la mesa de las jornadas. Un debate en el que el rector de la Universitat, Francisco Tomás, recordó en la sesión inagural -ante un centenar de investigadores, su homólogo el rector del CEU, Alfonso Bullón, y los secretarios de Estado y autonómico del ramo, Salvador Ordóñez y Agustín Escardino, respectivamente- que "sin una decidida voluntad política y recursos por parte de la Administración pública y privada no será posible absorver la empleabilidad de los 70.000 investigadores (cifra que triplica la actual) que nuestro país necesita para cumplir con los objetivos europeos en 2010".

La respuesta de los jóvenes investigadores -resuelto parcialmente el problema de la cotización en la Seguridad Social desde el primer año al cuarto de beca predoctoral, según anticipó el primer día el secretario de Estado de Universidades (ver EL PAÍS del 4-04-2005)- ha sido una larga batería de propuestas. Cambios que abarcan desde la modificación de aspectos de la Ley Orgánica de Universidades (LOU) que afectan a las nuevas figuras de contratados, hasta la revisión del "actual sistema de evaluación de los sexenios, que permite obtener un complemento salarial por producción investigadora", a la exigencia de "una Ley de la Ciencia que articule todas las políticas" relativas a la formación, promoción e inserción laboral (por la vía funcionarial o contractual) de los investigadores españoles.

Resepcto a la recuperación de las cuestionadas pruebas de habilitación y acreditación del profesorado por la polémica LOU -una ley aprobada por el PP en solitario, en contra de las universidades-, los investigadores plantean sus dudas respecto "al peso que se otorga a la evaluación de la docencia, lo que provoca que muchos investigadores de reconocida calidad no puedan optar a plazas, por ejemplo, de contratado doctor". Tampoco están de acuerdo en el sistema de evaluación de sexenios que premia a los funcionarios, en detrimento de los jóvenes investigadores en formación. Para ello, la Federación Jóvenes Investigadores (FJP) ha abierto un debate sobre la posibilidad de "modificar el sistema de evaluación de sexenios por otro, en el que todos los investigadores -independientemente de la etapa de investigación en que se encuentren o el país en que estén o la hayan desarrollado- puedan ser evaluados". La evaluación, propone el documento de trabajo, "deberá establecer distintos grados", así como valorar su impacto o consecuencias viables dentro del marco del funcionariado".