Las acusaciones piden diez años de inhabilitación para el alcalde de Ormaiztegi
La Fiscalía y la acusación particular reclamaron ayer diez años de inhabilitación para el alcalde de Ormaiztegi, el independiente Iñaki Maiora, por un presunto delito de prevaricación. Ambas partes sostuvieron en el juicio que, a mediados de 2002, el primer edil, entonces militante del PNV, obstaculizó la toma de posesión de la sustituta de una concejal de su grupo (PNV-EA) para mantener la mayoría.
La corporación estaba formada en ese momento por tres ediles de EH y seis de la coalición nacionalista, pero los integrantes de ésta se hallaban divididos. Al no haber sido sustituida una ed...
La Fiscalía y la acusación particular reclamaron ayer diez años de inhabilitación para el alcalde de Ormaiztegi, el independiente Iñaki Maiora, por un presunto delito de prevaricación. Ambas partes sostuvieron en el juicio que, a mediados de 2002, el primer edil, entonces militante del PNV, obstaculizó la toma de posesión de la sustituta de una concejal de su grupo (PNV-EA) para mantener la mayoría.
La corporación estaba formada en ese momento por tres ediles de EH y seis de la coalición nacionalista, pero los integrantes de ésta se hallaban divididos. Al no haber sido sustituida una edil de PNV-EA, las votaciones solían registrar empates a cuatro votos, pues el concejal Juan Carlos Leturia, crítico con Maiora, se sumaba a la postura de EH. En estos casos, el alcalde ejercía su voto de calidad, explicó Leturia, quien recordó que la Junta Municipal peneuvista retiró su confianza a Maiora en febrero de 2002.
"Quería seguir gobernando con su voto de calidad", subrayó Leturia. Martín Alberdi, la persona que finalmente ocupó la vacante, señaló que el alcalde sabía que si él entraba como edil no le iba a apoyar. Ambos concejales, junto a los tres de EH, votaron en un pleno en mayo de 2003 a favor de iniciar acciones judiciales contra Maiora.
El secretario del consistorio, Zeles Otamendi, explicó que en junio de 2002 Lierni Oiarzabal, edil de la coalición, renunció a su cargo. El Ayuntamiento cursó a la Junta Electoral Central un oficio firmado por el alcalde con el nombre de su sustituta: Ane Lasa. A principios de agosto, la Junta remitió al consistorio la credencial de la edil. A los pocos días, el secretario envió a Lasa un impreso de declaración de bienes, precisa para nombrarla en pleno.
Firma del secretario
Desde ese momento, el alcalde "no hizo nada" para nombrar a Lasa, testificó el secretario, quien, ante esta situación, le presentó la credencial para su firma el 30 de octubre. Trece días después, Maiora no había rubricado este documento, pero "sí otros". El secretario decidió, ya que Lasa "aún no era autoridad", firmar él la acreditación y enviársela.
Visto que el alcalde no había convocado el pleno ordinario previsto para octubre ni uno extraordinario para nombrar a la edil, EH pidió el 7 de noviembre, sin éxito, una sesión. Lasa renunció a su puesto el día 20 de ese mes "por motivos personales". El siguiente en la lista era Martín Alberdi, quien por fin tomó posesión del cargo en un pleno celebrado el 9 de diciembre de 2002 por imperativo legal.
Maiora, quien en las últimas municipales fue reelegido por mayoría absoluta al frente de una lista independiente, negó cualquier obstrucción. Dijo que no firmó la credencial de Lasa porque el secretario, con quien confesó mantener malas relaciones, le retiró el documento antes de hacerlo. Y no convocó el pleno de octubre "por falta de temas".