La fiscalía informó en julio a Conde-Pumpido de "corrupciones urbanísticas" en Madrid

"El ilícito urbanístico por excelencia en la Comunidad de Madrid es la elusión de la obligación [legal] de construir un porcentaje de viviendas de precio tasado". Así lo indica el fiscal de Urbanismo y Medio Ambiente de Madrid, Emilio Valerio, en un informe que envió en julio de 2004 al fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido, y en el que detalla las "tramas e irregularidades urbanísticas" que, a su juicio, existen en varios municipios madrileños. Una de las irregularidades es que algunos Ayuntamientos eluden la obligación legal de construir pisos de protección oficial.

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"El ilícito urbanístico por excelencia en la Comunidad de Madrid es la elusión de la obligación [legal] de construir un porcentaje de viviendas de precio tasado". Así lo indica el fiscal de Urbanismo y Medio Ambiente de Madrid, Emilio Valerio, en un informe que envió en julio de 2004 al fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido, y en el que detalla las "tramas e irregularidades urbanísticas" que, a su juicio, existen en varios municipios madrileños. Una de las irregularidades es que algunos Ayuntamientos eluden la obligación legal de construir pisos de protección oficial.

En ese informe, el fiscal explica su gestión al frente de la Sección de Urbanismo y Medio Ambiente de Madrid y habla de municipios como Majadahonda, Alcorcón o Brunete en los que ha constatado, en etapas precedentes, incumplimientos "de la ley estatal y autonómica" en lo que respecta a la obligación de levantar un 50% de casas sociales en todo proceso de urbanización.

Valerio señala que el precio de las viviendas libres en Madrid es entre "un 40 y un 60% superior" a las de precio tasado y que, la carestía de casas sociales, se debe en parte al incumplimiento de la ley debido a connivencias "entre constructores y responsables municipales". "Una parte de los promotores de viviendas de Madrid (...) se niegan, con el concurso de algunos Ayuntamientos, a la construcción y puesta en el mercado del número obligatorio de viviendas sociales".

Para eludir esa obligación legal, se emplean algunas de las siguientes argucias, según Valerio: a) dado que es obligatorio levantar las viviendas de precio libre y las tasadas a la vez, se empiezan construyendo las de precio libre y se permutan solares con el compromiso de hacer en ellos, en un plazo sin definir - y en contra de lo que dice la ley- las de precio tasado; b) el constructor paga al Ayuntamiento para que éste le exima de esa obligación y transfiera la misma "a futuras" promociones; y c) se hace un plan general y en él se pone una cláusula en el que se libera a determinados solares de la obligación de tener casas sociales.

Majadahonda

"Tal cláusula es imposible", se señala en el informe "y constituye una violación flagrante de la ley y de la obligatoriedad de los planes urbanísticos". Así ha ocurrido, según el fiscal, en ayuntamientos "como Alcorcón, Brunete o Majadahonda...". Ya entonces el fiscal aludía en su informe a Majadahonda, donde el PSOE ha destapado ahora presuntas irregularidades en la gestión del suelo que han salpicado al ex presidente del PP de Madrid, Ricardo Romero de Tejada, y al actual alcalde, Narciso Foxá.

Valerio alude también a la supuesta trama urbanística de Alcorcón, con la que se vinculó la deserción de dos diputados autonómicos socialistas que impidió la designación del candidato de su partido, Rafael Simancas, como presidente de la Comunidad en 2003. Se repitieron las elecciones y el Gobierno regional pasó de nuevo al PP. Valerio destaca que existe "una vinculación trasversal" entre lo ocurrido en Alcorcón e irregularidades localizadas en otros ocho municipios madrileños: Sevilla la Nueva, Humanes, Villamanta y Arroyomolinos, entre otros.

En su voluminoso escrito, el fiscal de Urbanismo de Madrid pedía a Conde-Pumpido medios y refuerzos para luchar contra "la corrupción urbanística" que, según él, se localiza básicamente en zonas de "Madrid, Levante y la Costa del Sol". "El enorme crecimiento de la burbuja inmobiliaria", explicaba, "la ausencia de correlación oferta-demanda y la incapacidad de la Agencia Tributaria para acreditar o investigar las plusvalías están generando un reducto de opacidad con consecuencia negativas para todos". Señalaba que es necesario una mayor coordinación entre los fiscales que persiguen estos ilícitos y la Agencia Tributaria para combatir "la pirámide de la corrupción urbanística que se asienta sobre la base de un cúmulo de numerosas irregularidades y de un conjunto de prácticas municipales y autonómicas viciosas a plena vista de los ciudadanos".

Para Valerio, las irregularidades en Madrid se derivan de "las tensiones en torno al suelo", que son "explosivas", mientras en Barcelona, cuyo suelo, según el fiscal, está saturado por la eclosión "industrial de los años 60 y 70", predominan los delitos "ambientales, vertidos o emisiones industriales, y el contrabando de especies protegidas".