Telefónica rechaza pagar 53 millones para recalificar sus sedes

Telefónica ha decidido plantar cara al Ayuntamiento y se niega a pagar los 47 millones más que le pide ahora el Consistorio por la recalificación de 48 edificios. La compañía ha dirigido un escrito al Ayuntamiento, en el que reclama que se cumpla el convenio urbanístico firmado entre ambas partes el 7 de abril de 2003, siendo alcalde José María Álvarez del Manzano, y en el que constaba que Telefónica pagaría seis millones en concepto de plusvalías. Tras las elecciones, el equipo de Ruiz-Gallardón ha cambiado de criterio y exige ahora 53 millones.

Telefónica y el Ayuntamiento de Madrid e...

Telefónica ha decidido plantar cara al Ayuntamiento y se niega a pagar los 47 millones más que le pide ahora el Consistorio por la recalificación de 48 edificios. La compañía ha dirigido un escrito al Ayuntamiento, en el que reclama que se cumpla el convenio urbanístico firmado entre ambas partes el 7 de abril de 2003, siendo alcalde José María Álvarez del Manzano, y en el que constaba que Telefónica pagaría seis millones en concepto de plusvalías. Tras las elecciones, el equipo de Ruiz-Gallardón ha cambiado de criterio y exige ahora 53 millones.

Telefónica y el Ayuntamiento de Madrid están a punto de iniciar una larga batalla que ahora se encuentra en su fase administrativa, pero que amenaza con acabar en los tribunales. La compañía remitió la pasada semana un escrito a la Gerencia Municipal de Urbanismo en la que acusa a la nueva administración municipal de modificar "unilateral e injustificadamente" el convenio firmado por sus antecesores, con el único objeto de recaudar 47 millones de euros adicionales a los 6 millones pactados en su día.

En ese escrito, con fecha 24 de enero, y que el Ayuntamiento no ha respondido aún, se exige el cumplimiento del convenio original, y se advierte de que, si en el plazo de tres meses no se continúa la tramitación del expediente en los términos previstos, la compañía presentará un recurso contencioso administrativo ante los tribunales.

Para comprender este conflicto hay que remontarse al 7 de abril de 2003, fecha en la que, tras más de un año de negociaciones, el Ayuntamiento y Telefónica firmaron un convenio urbanístico para cambiar la calificación de 48 centrales telefónicas, que ocupaban más de 250.000 metros cuadrados, permitiendo otros usos residenciales y terciarios.

Ratificado por el pleno

Como contraprestación de las posibles plusvalías que iba a obtener Telefónica, el acuerdo contemplaba una serie de compensaciones por las que el Ayuntamiento recibiría 6.093.383 euros en metálico o su equivalente en suelo o edificios. El acuerdo fue ratificado por el pleno municipal del 30 de abril de ese año.

Ese convenio respondía a la nueva situación que se produjo tras la liberalización de las telecomunicaciones, consagrada en la ley aprobada en abril de 1997, y por la resolución de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones de abril de 2002, que estableció que los inmuebles de Telefónica, al eliminarse el monopolio, dejaban de estar afectos al servicio público. El convenio firmado colocaba las oficinas de esta entidad -que habían liberado mucho espacio por el paso de la tecnología analógica a digital- en igualdad de condiciones con las del resto de locales comerciales.

El convenio, que suscitó críticas y las alegaciones del grupo municipal socialista y de un particular, fue encendidamente defendido por José María Álvarez del Manzano y por el entonces concejal de Urbanismo Ignacio del Río, que argumentaban que Telefónica recibía el mismo trato que otras compañías eléctricas o distribución de carburantes.

Pero tras las elecciones del 25 de mayo de 2003, el nuevo equipo de gobierno de Alberto Ruiz-Gallardón cambió de opinión. Más de un año después de la firma del primer documento, trasladó a Telefónica una propuesta denominada Texto definitivo del convenio urbanístico. En el mismo, el Ayuntamiento esgrime un nuevo concepto de valoración, que denomina "rescate de plusvalías", valorando el conjunto de cesiones que debe afrontar Telefónica en 53.214.199 euros, es decir, 47 millones más que lo pactado en el convenio inicial. Además, y en contra de lo firmado, el nuevo texto sólo prevé la posibilidad de que esa compensación se haga en metálico y en el plazo de un mes, descartando la cesión de inmuebles y solares.

Así lo señala Telefónica en su escrito de la pasada semana, que añade que el nuevo texto del convenio propuesto es "una clara ruptura del vínculo contractual inicial que desestabiliza totalmente el equilibrio económico del convenio inicialmente suscrito".

La operadora argumenta que esa modificación no puede justificarse en ningún caso en las alegaciones. "No existe ningún tipo de justificación basada en motivaciones de interés público, que hayan quedado reflejadas en el expediente de tramitación de la modificación del Plan General", dice el escrito.

El conflicto puede agudizarse si se tiene en cuenta que desde la aprobación del primer convenio, Telefónica ha firmado contratos para la venta de tres de los 48 inmuebles que se recalificaron (edificios de Ríos Rosas y dos en la calle de Alcántara), operaciones que han supuesto inversiones por parte de la compañía para su adecuación.

Telefónica también arguye que del conjunto de edificios recalificados, sólo 10 provenían de administraciones públicas, y el resto se compraron en condiciones de mercado, sin límite de uso ni privilegios de precio.

Pero el Ayuntamiento, lejos de atender las demandas de Telefónica, se ha mostrado muy beligerante, y en el orden del día del pleno del día 27 incluyó una propuesta "para dejar sin efecto el acuerdo de aprobación inicial de la modificación puntual del Plan General de Ordenación Urbana de Madrid, respecto de las condiciones de ordenación y regulación de las parcelas calificadas como dotación de servicios infraestructurales de telefonía".