Representaciones sobre el poder

Después de Enron, una gran mayoría de gobernantes y exégetas del mercado iniciaron una cruzada intensa y extensa para conseguir que la gestión real de las empresas se aproximara a su representación teórica y enteramente ficticia contenida en los manuales. Los prospectos para el uso de la empresa aseguran que el poder debe repartirse de forma equilibrada entre la propiedad, los directivos y los representante de los accionistas minoritarios; que al primer ejecutivo -generalmente un consejero delegado- le corresponde la gestión diaria (o táctica) de la compañía mientras que al consejo de Administ...

Después de Enron, una gran mayoría de gobernantes y exégetas del mercado iniciaron una cruzada intensa y extensa para conseguir que la gestión real de las empresas se aproximara a su representación teórica y enteramente ficticia contenida en los manuales. Los prospectos para el uso de la empresa aseguran que el poder debe repartirse de forma equilibrada entre la propiedad, los directivos y los representante de los accionistas minoritarios; que al primer ejecutivo -generalmente un consejero delegado- le corresponde la gestión diaria (o táctica) de la compañía mientras que al consejo de Administración (y a su presidente) corresponde determinar la estrategia general y vigilar al ejecutivo; y que las informaciones facilitadas por la empresa a los accionistas o inversores deben ser exactas, veraces y ratificadas por un auditor imparcial. La percepción general, antes de Enron, era que esta visión seráfica jamás tuvo una encarnación real, si bien cabe suponer que unas empresas se aproximaban al ideal más que otras. Después de Enron, sería muy arriesgado decir que las empresas de todo el mundo son más transparentes y respetan escrupulosamente las reglas de la competencia y las leyes económicas o fiscales; pero a cambio, el debate sobre quien tiene el poder en las empresas y como lo ejerce (hacia dentro o hacia el exterior) está en la calle. Menos es nada.

Los consejos de Administración explica con fluidez esta radical dicotomía entre una concepción ética del poder en la empresas, plasmada en minuciosas normas de protocolo y equilibrio entre accionistas, gestores y trabajadores y la (mugrienta) realidad de las empresas realmente existentes, donde mandan los directivos, la propiedad recauda el dividendo o los beneficios y la distribución del poder en el consejo de Administración depende del número de amigos que el presidente de la compañía esté dispuesto a colocar como consejeros supuestamente independientes. Las empresas están en poder estrictamente de la propiedad -casi siempre en el caso de compañías familiares- o de los directivos, y el equilibrio de poder recomendado por escrupulosas concepciones anglosajonas -como los informes Cadbury o Higgs- está tan lejano de la realidad como el Partenón de la fachada de un bingo en Las Vegas.

Ramírez-Escudero recorre las miserias de los consejos de administración dando importancia a las abundantes declaraciones nihilistas de consejeros desganados ("No sé cual es mi papel" es una de las favoritas; también "No sé que pinto aquí"). No es de extrañar pues que una de las conclusiones entre líneas del libro sea que los consejos de Administración sirven para bien poco y que los informes alumbrados por las comisiones Olivencia y Aldama han fracasado rotundamente en España.

Pero junto a este escepticismo de partida aparece sorprendentemente una cierta ingenuidad en las propuestas de acción. Así, por ejemplo, asegura el autor que la mejor opción para garantizar la seguridad de los mercados no está en los tribunales, sino en los Códigos de Buen Gobierno y la existencia de organismos de regulación con autoridad moral y jurídica. Cierto es; pero resulta que los damnificadoos por Enron o WorldCom son accionistas en primera instancia, a quienes en nada remedian las multas impuestas a los infractores. El status de órgano regulador con "autoridad moral y jurídica" no se alcanza fácilmente. La CNMV española, sin ir más lejos, dilapidó el prestigio que había acumulado durante sus primeros ocho años de existencia con el esperpento del caso Gescartera; pero otros de mucho más nivel, como la SEC estadounidense, fueron literalmente atropellados por la realidad de un grupo de rutilantes empresas que vivían del fraude masivo a los mercados.

Los intentos de inducir suavemente a las empresas a cumplir reglas rigurosas de buen gobierno y de respeto a los inversores no funcionan. Es un hecho comprobado y fácilmente verificable hoy. El siguiente paso ¿será la elaboración de leyes más duras y aplicaciones más drásticas, como en EE UU?