El pacto para una Cataluña más competitiva exigirá a la Generalitat unos 2.000 millones

Todos cedieron un poco y hubo pacto. Un año y un mes después de que el tripartito echara a andar, ayer se cerró el acuerdo que la Generalitat buscó desde el principio con sindicatos y patronales para cambiar el modelo productivo de Cataluña ante la pérdida de ventajas competitivas de su economía. El acuerdo, que se extiende en 44 páginas y se concreta en 86 medidas, ha requerido un esfuerzo negociador, pero a partir de ahora supondrá también rascarse el bolsillo. Economía calcula en aproximadamente 2.015 millones de euros el coste para la Generalitat de las medidas cuantificables que contiene ...

Todos cedieron un poco y hubo pacto. Un año y un mes después de que el tripartito echara a andar, ayer se cerró el acuerdo que la Generalitat buscó desde el principio con sindicatos y patronales para cambiar el modelo productivo de Cataluña ante la pérdida de ventajas competitivas de su economía. El acuerdo, que se extiende en 44 páginas y se concreta en 86 medidas, ha requerido un esfuerzo negociador, pero a partir de ahora supondrá también rascarse el bolsillo. Economía calcula en aproximadamente 2.015 millones de euros el coste para la Generalitat de las medidas cuantificables que contiene el pacto.

"Ahora viene lo más difícil", anticipó ayer el consejero catalán de Economía y Finanzas, Antoni Castells. Se refería a que, mientras todavía resonaban las últimas reivindicaciones expresadas el día anterior por Comisiones Obreras de Cataluña, los empeños deben trasladarse ahora de la negociación de los últimos meses a "hacer realidad" las iniciativas que contiene el bautizado como Acuerdo estratégico para la internacionalización, la calidad del empleo y la competitividad de la economía catalana.

Cambiar de modelo productivo para ganar competitividad y defenderse mejor en una economía globalizada costará a las arcas públicas de Cataluña unos 2.015 millones de euros a lo largo de esta legislatura, según los cálculos difundidos por el secretario de Promoción Económica de Generalitat, Andreu Morillas.

El cuadro adjunto recoge el coste de las medidas que se cuantifican en el documento final, agrupadas según los capítulos del acuerdo. En total, tras excluir del acuerdo el coste de la línea 9 del metro (3.127 millones de euros de inversión de la Generalitat), suman 2.625 millones.

La diferencia respecto al cálculo de Morillas se explica porque, en el documento, en algunos casos las medidas se cifran según lo presupuestado para 2005 y en otros se pronostica el coste anual de una medida o bien el coste total de otra iniciativa a lo largo de la legislatura o más allá. Las medidas ya presupuestadas en 2005 se cuantifican en 456 millones de euros.

"Sin música celestial"

El documento final -que se prevé firmar dentro de un mes en un acto apadrinado por el presidente de la Generalitat, Pasqual Maragall- demuestra que Castells quiso evitar cualquier acusación en el sentido de que el presente acuerdo es sólo un marco de actuación o una larga lista de buenos propósitos, e incluyó junto a buena parte de las iniciativas cuantificables que se enumeran su coste total, su coste anual y, en su caso, el dinero que se les ha presupuestado para 2005. "No queríamos que sólo fuera música celestial", dijo.

Así, Morillas explicó que 1.100 millones de euros del coste probable que asumirá la Generalitat -salvo algunas "pequeñas cantidades de dinero comprometido por el Estado", aclaró- corresponden a proyectos de infraestructuras.

De acuerdo con el documento, estos 1.100 millones son los que costará construir 300 kilómetros de red de autovías libres de peaje, de un total de 500 nuevos kilómetros, que son competencia de la Generalitat.

Las cuestiones relacionadas con las infraestructuras y la movilidad de mercancías y personas predominan en la primera parte del documento, algo que ayer incomodó algo a los sindicatos, que ahora deberán buscar el apoyo de sus bases -UGT, además, a través de un referéndum- al acuerdo respaldado por el secretario general de CC OO de Cataluña, Joan Coscubiela, y de UGT de Cataluña, Josep Maria Álvarez.Esta primera parte recoge desde la creación, como experiencia piloto, de un operador conjunto entre Renfe y Ferrocarrils de la Generalitat para la explotación de algunas líneas, como las de Lleida-Manresa y Ripoll-Puigcerdà, a un plan que permita y facilite el acceso a 22 polígonos industriales, en el marco de una iniciativa que puede costar unos 8,4 millones de euros. En la parte de infraestructuras, además, las partes firmantes llaman a la puerta del Estado: le piden que se corrija su déficit histórico de inversión en Cataluña, que potencie el transporte por vía férrea y también poder gestionar los ferrocarriles de cercanías y los regionales.

Pero las 24 medidas estrella de entre las 86, más allá de las infraestructuras, se centran en la formación de la mano de obra; la inversión en investigación, desarrollo e innovación (I+D+i); la transferencia de tecnología; la atracción de inversiones extranjeras; la proyección internacional de las pequeñas y medianas empresas (pymes), y la financiación de éstas.

En este sentido, el acuerdo recoge la concesión de préstamos participativos (entre 2005 y 2007) para pymes por valor de 65 millones de euros, y también una línea de financiación a largo plazo, también para pymes, por el Instituto Catalán de Finanzas (ICF), entidad de crédito público de la Generalitat, a partir del primer semestre de este año.

Presencia sindical

Precisamente en el ICF, al igual que en otros órganos de desarrollo e internacionalización de las empresas, los sindicatos tendrán representación. "No será en sus órganos ejecutivos", como hubieran preferido las centrales sindicales, dijo Castells, pero sí se prevé la participación sindical en "consejos de gobierno" de estas instituciones, donde se decide la estrategia, más que la gestión cotidiana.

De las 44 páginas del pacto se desprenden los intentos por conciliar el hincapié empresarial en la competitividad y el énfasis sindical en la cohesión social. "Es un acuerdo muy equilibrado", subrayó Andreu Morillas, y a su lado, el catedrático Josep Oliver, que ha coordinado los ocho grupos de trabajo que han elaborado el documento, destacó "el diagnóstico compartido de los puntos fuertes y los puntos débiles de Cataluña", y el nuevo modelo de concertación que se impulsa, incluidos sus mecanismos de concertación social.

Uno de los aspectos más importantes que en esta línea recoge el pacto no tiene asignada partida presupuestable. Es un compromiso capital en tiempos de deslocalización. Patronales y sindicatos se han puesto de acuerdo, por ejemplo, en que debe existir un equilibrio negociado "entre la flexibilidad necesaria para la empresa y la seguridad y la estabilidad para los trabajadores".

El pacto también incluye, como querían los sindicatos, que antes de julio se intente complementar todas las pensiones mínimas para situarlas al menos en el 80% de un indicador de rentas propio de Cataluña.