Archivada la causa contra un ex consejero canario por malversación
El juzgado de instrucción número 7 de Las Palmas de Gran Canaria ha sobreseído la causa contra Tomás Van de Walle Sotomayor, consejero del PP de Política Territorial y Medio Ambiente del Gobierno de Canarias entre los años 1999 y 2000, por un presunto delito de malversación. La supuesta estafa se refiere al denominado caso Jinámar, que consistió en la recalificación de terrenos colindantes de los municipios de Las Palmas y Telde para la construcción de un parque urbano y otro comercial. La Fiscalía Anticorrupción entendió que esta operación produjo un quebranto patrimonial a la comunida...
El juzgado de instrucción número 7 de Las Palmas de Gran Canaria ha sobreseído la causa contra Tomás Van de Walle Sotomayor, consejero del PP de Política Territorial y Medio Ambiente del Gobierno de Canarias entre los años 1999 y 2000, por un presunto delito de malversación. La supuesta estafa se refiere al denominado caso Jinámar, que consistió en la recalificación de terrenos colindantes de los municipios de Las Palmas y Telde para la construcción de un parque urbano y otro comercial. La Fiscalía Anticorrupción entendió que esta operación produjo un quebranto patrimonial a la comunidad autónoma por importe de 48 millones de euros, una consideración que fue rechazada el año pasado por el Parlamento de Canarias, que señaló que no se produjo ese quebranto.
El Comité Nacional de Derechos y Garantías del PP, presidido entonces por Federico Trillo-Figueroa, atendiendo a una petición formulada por los populares canarios, liderados por José Manuel Soria, suspendió cautelarmente de militancia a Tomás Van de Walle el 10 de abril de 2003, situación en la que continúa en este momento. El Tribunal Superior de Justicia de Canarias archivó en julio de 2002 la querella presentada por el Partido Socialista Canario-PSOE contra Soria y contra el ex consejero de Industria y Comercio y diputado popular Lorenzo Suárez por un presunto delito de prevaricación administrativa. Ambos políticos declararon en mayo de ese año como imputados.
El juzgado, contra la Fiscalía
Tomás Van de Walle y el jefe de los servicios jurídicos de la Consejería de Política Territorial, Valeriano Díaz Castro, fueron acusados por la Fiscalía Anticorrupción de un presunto delito de malversación, a raíz del expediente que levantó su predecesor en el cargo, Francisco González (de Coalición Canaria). La investigación de la Fiscalía que dirigía Carlos Jiménez Villarejo pedía la apertura de juicio oral y una solicitud de dos años de prisión y cinco de inhabilitación. El juzgado entiende ahora que no proceden tales medidas y archiva la causa.
Los dos imputados cedieron a una empresa privada dos fincas de titularidad pública, destinadas inicialmente a vivero y a infraestructuras deportivas, para que construyera un parque comercial de 125.000 metros cuadrados, como justiprecio por el valor de los terrenos que la comunidad autónoma expropiaría a esa misma empresa para ejecutar el plan especial del parque marítimo de Jinámar. Los dos imputados alegaron que se trataba de dos fincas que estaban abandonadas.
El año pasado, la Comisión de Hacienda y Presupuestos del Parlamento de Canarias concluyó que esta operación no produjo perjuicio patrimonial para la comunidad autónoma. Al tiempo, todos los expedientes administrativos abiertos fueron archivados. El tribunal entiende ahora que no hubo ánimo de lucro por parte de Van de Walle, al no detectarse ni enriquecimiento personal ni ajeno a favor de la empresa.