Debate estéril
Le escribo con motivo de la reciente aprobación por parte del Parlamento vasco del llamado plan Ibarretxe. Los ciudadanos venimos asistiendo atónitos en los últimos meses a un agrio y estéril debate sobre España, la personalidad de sus regiones y la reforma del actual marco jurídico encabezado por la Constitución.
Partiendo de que toda ordenación jurídico-política sobre este asunto debe hacerse respetando la diversidad de España al tiempo que favoreciendo la debida unidad, que no uniformidad, la aprobación del plan Ibarretxe no contribuye al mejor entendimiento entre los p...
Le escribo con motivo de la reciente aprobación por parte del Parlamento vasco del llamado plan Ibarretxe. Los ciudadanos venimos asistiendo atónitos en los últimos meses a un agrio y estéril debate sobre España, la personalidad de sus regiones y la reforma del actual marco jurídico encabezado por la Constitución.
Partiendo de que toda ordenación jurídico-política sobre este asunto debe hacerse respetando la diversidad de España al tiempo que favoreciendo la debida unidad, que no uniformidad, la aprobación del plan Ibarretxe no contribuye al mejor entendimiento entre los pueblos de España. Además, plantea un riesgo serio de ruptura en el seno de la misma sociedad vasca.
Considero que tanto la Constitución como el Estatuto de Gernica pueden reformarse, pero cualquier cambio debe ser fruto del diálogo en función de las exigencias de la verdad, la justicia, la solidaridad y la libertad. Y, en todo caso, no puede hacerse con el apoyo explícito del brazo político del terrorismo. Por ello demando a mis representantes que se opongan al plan Ibarretxe en el Congreso de los Diputados y que presenten un recurso de inconstitucionalidad contra el citado plan ante el Tribunal Constitucional. Y después contribuyan a un diálogo entre todos, sin excluir a nadie salvo a los que niegan la democracia y los derechos fundamentales, en el debate sobre nuestro actual sistema jurídico, con el objeto de alcanzar un consenso similar al que hizo posible la Constitución de 1978, que sin ser perfecta es nuestro actual marco de referencia.