Los inmigrantes con contrato podrán solicitar la regularización a partir del 31 de enero

El ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, Jesús Caldera, anunció ayer que el nuevo Reglamento de Extranjería será aprobado por el Gobierno en el Consejo de Ministros del día 30, de modo que entrará en vigor un mes después de su publicación en el BOE: el 31 de enero de 2005. Entre esa fecha y el 30 de abril los empleadores podrán solicitar la regularización de inmigrantes que acrediten estar empadronados en España antes del 31 de julio pasado. El Gobierno prevé que con el proceso de normalización que abre el Reglamento lograrán papeles unos 800.000 irregulares.

El proyecto de Reglamento...

El ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, Jesús Caldera, anunció ayer que el nuevo Reglamento de Extranjería será aprobado por el Gobierno en el Consejo de Ministros del día 30, de modo que entrará en vigor un mes después de su publicación en el BOE: el 31 de enero de 2005. Entre esa fecha y el 30 de abril los empleadores podrán solicitar la regularización de inmigrantes que acrediten estar empadronados en España antes del 31 de julio pasado. El Gobierno prevé que con el proceso de normalización que abre el Reglamento lograrán papeles unos 800.000 irregulares.

El proyecto de Reglamento que el Gobierno ha consensuado con todos los partidos -excepto el PP-, los sindicatos, las organizaciones empresariales y los ayuntamientos prevé un plazo de tres meses para solicitar la regularización a partir de la entrada en vigor de la normativa que desarrolla la reforma de la Ley de Extranjería acordada por populares y socialistas en la anterior legislatura.

La petición de normalización partirá del empresario o empleador, que deberá presentar un contrato firmado con el ciudadano extranjero (de seis meses como mínimo o de tres para el sector agrícola) al que desea dar un puesto de trabajo.

El inmigrante deberá acreditar que carece de antecedentes penales y que está empadronado en España desde seis meses antes de la entrada en vigor del Reglamento, es decir, antes del 31 de julio pasado, según el calendario avanzado ayer por el ministro Caldera.

Alta en la Seguridad Social

Si el extranjero cumple los requisitos, se le otorgará el permiso de residencia, condicionado a que se dé de alta en la Seguridad Social en el plazo de un mes desde la entrada en vigor de la autorización.

Si no cumple los requisitos para esta normalización, el Reglamento sólo permite la vía del arraigo laboral para que los inmigrantes que ya se encuentren en España logren regularizar su situación administrativa.

Esta vía exige que el interesado lleve dos años empadronado en España, además de la demostración de que ha trabajado al menos un año, mediante resolución judicial o acta de la Inspección de Trabajo.

Por esta razón, y para evitar que se distorsione el proceso de normalización extraordinario, el Ejecutivo prevé que esta figura del arraigo laboral no entre en vigor hasta seis meses después de la publicación del texto. El Gobierno considera que el proceso extraordinario quede completamente resuelto en agosto, informa Europa Press.

El consenso en torno al nuevo Reglamento no incluye al PP, cuyo presidente, Mariano Rajoy, ha llegado a calificar de disparate el proyecto elaborado por el Gobierno.

La normativa que preveía aprobar el PP si hubiese ganado las elecciones generales de marzo pretendía la regularización por arraigo laboral de "las personas que pudieran acreditar un contrato de un año, la permanencia en España de dos años y vínculos familiares con un ciudadano español u otro extranjero con permiso de residencia", según explicó la portavoz de inmigración del PP en el Congreso, María Ángeles Muñoz.

El Consejo General del Poder Judicial, pese a que dio su respaldo global por unanimidad al nuevo Reglamento, expresó sus dudas respecto a la regulación de los derechos de reunión, manifestación, sindicación, educación, reagrupación familiar y trabajo, ya que estima que pueden implicar discriminaciones para los extranjeros.

También el Defensor del Pueblo considera la nueva normativa globalmente positiva, al igual que el Consejo Económico y Social, que, sin embargo, reclamó que se dediquen más recursos a aplicarla.