Berlusconi elude la condena por corrupción
'Il Cavaliere' sobornó a un juez en 1991, pero un tribunal considera que el delito ya ha prescrito
Silvio Berlusconi corrompió en 1991 al juez jefe de los juzgados de instrucción de Roma, Renato Squillante, con una transferencia bancaria de 434.404 dólares (unos 330.000 euros al cambio actual). Pero el delito ha prescrito. Con esta sentencia de un tribunal de Milán, el presidente del Gobierno italiano se libró ayer al fin de un proceso que le perseguía desde 1999 y condicionaba su futuro político. Berlusconi y los suyos cantaron victoria, pese a no haber logrado una absolución plena. "Tenía razón al sentirme tranquilo", proclamó Berlusconi. La oposición se mostró moderada en sus comentarios...
Silvio Berlusconi corrompió en 1991 al juez jefe de los juzgados de instrucción de Roma, Renato Squillante, con una transferencia bancaria de 434.404 dólares (unos 330.000 euros al cambio actual). Pero el delito ha prescrito. Con esta sentencia de un tribunal de Milán, el presidente del Gobierno italiano se libró ayer al fin de un proceso que le perseguía desde 1999 y condicionaba su futuro político. Berlusconi y los suyos cantaron victoria, pese a no haber logrado una absolución plena. "Tenía razón al sentirme tranquilo", proclamó Berlusconi. La oposición se mostró moderada en sus comentarios, aunque algunas voces, como la de ex presidente Francesco Cossiga y el ex fiscal Antonio di Pietro, reclamaron su dimisión.
La amenaza que durante cinco años tensó las relaciones entre el poder Ejecutivo y el poder Judicial se despejó ayer con una sentencia que satisfizo al acusado, aunque no estableciera su inocencia, sino más bien al contrario. El juez Francesco Castellano, presidente de la Primera Sección Penal del Tribunal de Justicia de Milán, consideró que Silvio Berlusconi tenía derecho a beneficiarse de los llamados "atenuantes genéricos" aplicables a los ciudadanos sin antecedentes penales. En realidad, Berlusconi había conseguido borrar en apelación dos condenas anteriores gracias a la prescripción del delito. En cualquier caso, su expediente estaba limpio. Por tanto, el delito de corrupción cometido en 1991 prescribía, gracias a los atenuantes, al cabo de siete años y medio, y no 15, como marcaba el código. Sin los atenuantes y la prescripción, la pena habría sido la que reclamaron los fiscales: ocho años de cárcel e inhabilitación a perpetuidad para el ejercicio de cargos públicos.
El juez Castellano sí absolvió plenamente al presidente del Gobierno de la otra acusación de corrupción en acto judicial, cometida, según los fiscales, en 1988, para lograr que un magistrado invalidara la adjudicación de la empresa pública Sme a su rival Carlo di Benedetti. Esa acusación fue la que dio inicio a un macroproceso que fue creciendo a medida que los fiscales investigaban las actividades empresariales de Berlusconi y éste, a su vez, utilizaba su poder como presidente del Gobierno para retrasar el juicio con recursos y leyes especiales.
"Más vale tarde que nunca", comentó el acusado. "Tenía razón al sentirme tranquilo, en plena conciencia sabía que no había hecho nada", añadió. "En realidad, merezco una medalla", había dicho el día antes.
Fin de la tormenta política
La histórica sentencia del juicio contra Berlusconi puso punto final a un proceso que mantenía en suspenso la política italiana. Y representó, en cierta forma, el cierre de la tormenta judicial que hundió en 1993 la Primera República y destruyó a un partido, la Democracia Cristiana, que había gobernado sin interrupción desde 1946. Los casos Tangentopolis y Manos Limpias concluyeron con el claroscuro de la prescripción de un delito cometido en 1991, antes de que un grupo de fiscales milaneses destaparan el sistema de corrupción endémica que alimentaba el sistema político italiano.
Los abogados de Berlusconi anunciaron que en cuanto se hicieran públicos los razonamientos de la sentencia, dentro de los próximos tres meses, presentarían un recurso para intentar que fuera reconocida la plena inocencia de su cliente. "La sentencia nos parece casi totalmente satisfactoria y demuestra que el proceso era inútil", comentó Nicoló Ghedini, uno de los dos defensores de Il Cavaliere.
La mayoría de los políticos, tanto en la coalición conservadora de Berlusconi como en la oposición de centroizquierda, expresaron su deseo de que la sentencia cerrara una década de tremendas turbulencias y pacificara las relaciones entre el Gobierno y los jueces. "Esperemos que esto ponga fin al contencioso y que, en adelante, políticos y jueces se respeten mutuamente", indicó el democristiano Rocco Buttiglione, ministro de Políticas Comunitarias. En la oposición, se insistió en que las sentencias no debían comentarse y en que convenía "mirar adelante".
Hubo, sin embargo, voces discordantes. El eurodiputado Antonio di Pietro, uno de los fiscales que protagonizaron Manos Limpias, consideró que la justicia había sido burlada: "Los poderosos consiguen alargar sus procesos hasta que prescribe el delito", dijo, "y Berlusconi se ha salvado por los pelos". Francesco Cossiga, ex presidente de la República, aconsejó a Berlusconi que dimitiera: "No ha sido absuelto y, por tanto, debe hacer frente a su responsabilidad institucional".
En el otro bando, el de la coalición berlusconiana, algunos consideraron llegado el momento de la "venganza". "Ahora hay que dirimir la responsabilidad de los magistrados que han sometido a Silvio Berlusconi a una década de calvario", declaró Carlo Taormina, diputado de Forza Italia. El ministro de Reformas, Roberto Calderoli, dirigente de la Liga Norte, tildó la sentencia de "política" porque "en lugar de absolver plenamente al presidente del Gobierno" había dejado sobre él "la mancha de la prescripción".
Un tortuoso proceso de 16 años
El proceso más tortuoso de la historia judicial italiana comenzó en 1988 con un pleito entre dos hombres de empresa que hoy, 16 años después, se disponen a enfrentarse en unas elecciones generales. Silvio Berlusconi era dueño del Grupo Fininvest y financiaba la actividad política del entonces presidente del Gobierno, Bettino Craxi. Romano Prodi presidía el Instituto para la Reconstrucción Industrial, holding de empresas públicas. Prodi privatizó la sociedad alimentaria Sme y la adjudicó, previo concurso, al empresario Carlo di Benedetti. Pero Berlusconi recurrió la adjudicación ante los tribunales y consiguió anularla.
Curiosamente, Berlusconi no tenía ningún interés en Sme. Al final se la quedaron las empresas Barilla y Ferrero. Pero De Benedetti no se conformó. Y 11 años después, en 1999, consiguió que Berlusconi y varios de sus hombres de confianza, entre ellos su abogado y mano derecha, Cesare Previti, fueran procesados por sobornar a los jueces que bloquearon la privatización de Sme.
Berlusconi ya era, por entonces, ex presidente del Gobierno y dirigía la oposición conservadora en el Parlamento. Previti, por su parte, había sido ministro de Defensa en el Gabinete formado por Il Cavaliere en 1994. El caso tenía enormes repercusiones políticas, y los acusados movilizaron todas sus fuerzas, que eran muchas, para defenderse. Primero intentaron que el proceso se desarrollara lejos de Milán, alegando que en esa ciudad los jueces y fiscales eran mayoritariamente de izquierda. Fracasaron. Luego pidieron la recusación del juez. Fracasaron. Consiguieron que en Brescia se abriera un expediente contra los fiscales, Ilda Bocassini y Gherardo Colombo, pero no se halló que ninguno de ambos hubiera cometido irregularidad alguna. Cuando Berlusconi volvió al poder, en 2001, aprobó una ley hecha a medida para que el caso no fuera juzgado en Milán. El Tribunal Supremo, sin embargo, decidió que la ley no era aplicable retroactivamente.
En 2003, con el juicio ya iniciado, se buscó una nueva fórmula de defensa política: una Ley de Inmunidad que impedía juzgar a los altos cargos de la República, entre los cuales se incluía, lógicamente, al presidente del Gobierno. Berlusconi fue temporalmente apartado del proceso. Pero esta vez fue el Tribunal Constitucional el que tumbó el mecanismo. Por entonces, la acusación contra Berlusconi y Previti se había ampliado con un nuevo cargo de corrupción de jueces, referida esta vez a varios magistrados romanos, entre ellos Renato Squillante, jefe de los juzgados de instrucción de la capital. Estaba perfectamente documentado que Squillante había recibido 434.000 dólares en 1991, procedentes de una cuenta de Previti, quien a su vez los había recibido de una cuenta de Berlusconi. El presidente del Gobierno se presentó voluntariamente ante el tribunal para prestar una declaración en la que reafirmó la tesis de sus abogados: no se podía probar la corrupción, porque no se podía probar en qué había consistido concretamente el favor comprado al juez Squillante.
El pasado 29 de abril, Previti fue absuelto por el viejo caso Sme. Pero fue condenado a 11 años de cárcel como corruptor y Squillante, a ocho y medio como corrupto. A Previti no le fueron concedidos los atenuantes que habrían permitido la prescripción. A Berlusconi sí se le concedieron ayer.