El Gobierno garantiza a Camps traductores de valenciano en la UE
El Consell no descarta la vía judicial pese al compromiso de De la Vega
La vicepresidenta del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, garantizó ayer al jefe del Consell, Francisco Camps, que el valenciano estará garantizado en la Unión Europea y ofreció a la Generalitat que proponga el nombramiento de un cupo de traductores, tal y como se ofrecerá a los gobiernos autonómicos de Cataluña, Galicia y el País Vasco. Camps aceptó la oferta de la vicepresidenta en vísperas de que el Gobierno presente la semana próxima en la UE el memorándum sobre las lenguas cooficiales españolas, pero no descartó recurrrir el documento en los tribunales.
El conflicto lingüí...
La vicepresidenta del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, garantizó ayer al jefe del Consell, Francisco Camps, que el valenciano estará garantizado en la Unión Europea y ofreció a la Generalitat que proponga el nombramiento de un cupo de traductores, tal y como se ofrecerá a los gobiernos autonómicos de Cataluña, Galicia y el País Vasco. Camps aceptó la oferta de la vicepresidenta en vísperas de que el Gobierno presente la semana próxima en la UE el memorándum sobre las lenguas cooficiales españolas, pero no descartó recurrrir el documento en los tribunales.
El conflicto lingüístico centró ayer la primera visita oficial de María Teresa Fernández de la Vega al presidente de la Generalitat. Garantizadas las inversiones en materia de infraestructuras en los Presupuestos Generales del Estado y las partidas del Gobierno necesarias para la celebración de la Copa del América y las obras de embellecimiento de Valencia, Fernández de la Vega centró su entrevista con Camps en la idea de reforzar los ámbitos de colaboración entre las dos Administraciones y en rebajar la tensión sobre la polémica del valenciano en la UE.
Fernández de la Vega explicó que el Gobierno tiene "un compromiso político, serio y firme" con la Comunidad Valenciana que se traduce en más de 160 acuerdos de cooperación entre las dos Administraciones, en la realización de los distintos tramos del AVE, en un incremento de las inversiones en puertos y aeropuertos y en el compromiso de más de 1.000 millones de euros para la celebración de la Copa del América.
Las discrepancias entre ambos dirigentes políticos sobre políticas hídricas -Camps volvió a calificar de "fundamental" la realización del trasvase del Ebro y De la Vega aseguró que la desconfianza en la alternativa del Gobierno al trasvase desaparecerá cuando llegue más agua y más barata- no merecieron demasiada atención porque las posiciones son archiconocidas y el conflicto está ahora en la maraña judicial.
En el tema del valenciano, Camps se esforzó por mantener un clima correcto con Fernández de la Vega, pero sin modificar su posición. El presidente del Consell aceptó la oferta de proponer traductores -que contratará el Gobierno- para hacer realidad la cooficialidad del valenciano en las instituciones europeas pero añadió: "Del memorándum [que el Ejecutivo llevará a la UE y que reconoce la unidad lingüística del valenciano y el catalán] no hemos hablado. Las traducciones se harán por traductores valencianos y eso significa cumplir la ley". ¿Entonces renunciarán a llevar el memorándum a los juzgados? se le preguntó. "Una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa y ya hablaremos otro día", sentenció Camps.
Referendum estatutario, no
Los plazos para reformar el Estatut dependen de las Cortes Valencianas. La vicepresidenta del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, reconoció ayer que se había interesado "un poquito" por el proceso valenciano, aunque indicó que "el calendario de reformas estatutarias lo marcan los Parlamentos regionales".
El presidente de la Generalitat argumentó que las posiciones de populares y socialistas para modificar el Estatut aprobado en 1982 "están muy cerca" pero rechazó de plano la propuesta del Partido Socialista del País Valenciano de someter a referéndum de los valencianos la reforma que aprueben las Cortes Valencianas. El referéndum se puede celebrar siempre que lo autorice el Gobierno. Una consulta que no se realizó en el Estatut aprobado en 1982 y que ahora, visto con la perspectiva del tiempo, los populares consideran que fue un error -tal y como señala la ponencia politica aprobada por el PP en su congreso-.
Pero Camps dejó ayer clara su postura: "Yo no estoy de acuerdo porque esta reforma no necesita de referéndum". Una consulta que, además, en el improbable caso de producirse, retrasaría los plazos que se ha fijado Camps, que quiere que la reforma estatutaria se lleve al Congreso de los Diputados en marzo.
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