Trillo afirma que ya nadie está legitimado para pedir su dimisión por el Yak-42
El ex ministro de Defensa Federico Trillo-Figueroa aseguró ayer que "ya nadie tiene legitimidad" para exigirle responsabilidades políticas por el caso Yak-42, en el que murieron 62 militares que regresaban de Afganistán el 26 de mayo de 2003. En declaraciones a Telemadrid, el actual diputado y presidente de la Comisión de Garantías del PP aseguró: "La responsabilidad política tiene tres ámbitos: el propio partido, el Parlamento y las elecciones. Y yo he dado cuenta en los tres".
El ex ministro reiteró que presentó su dimisión a Aznar el día que llegaron a la base aérea de Torrejó...
El ex ministro de Defensa Federico Trillo-Figueroa aseguró ayer que "ya nadie tiene legitimidad" para exigirle responsabilidades políticas por el caso Yak-42, en el que murieron 62 militares que regresaban de Afganistán el 26 de mayo de 2003. En declaraciones a Telemadrid, el actual diputado y presidente de la Comisión de Garantías del PP aseguró: "La responsabilidad política tiene tres ámbitos: el propio partido, el Parlamento y las elecciones. Y yo he dado cuenta en los tres".
El ex ministro reiteró que presentó su dimisión a Aznar el día que llegaron a la base aérea de Torrejón de Ardoz (Madrid) los cadáveres de los militares, 48 horas después del siniestro, pero éste no se la aceptó porque sabía que no tenía "ninguna responsabilidad" y que "había sido condenado por muchos de aquellos familiares" antes de averiguar las causas "de lo que luego resultó ser un accidente por fallo humano de los pilotos y no hay quien lo saque de ahí".
Trillo-Figueroa defendió también el seguro de vida y accidentes que, por valor de 450.000 euros en caso de fallecimiento, suscribió para sí mismo y otros 20 altos cargos de Defensa con el argumento de que utilizan medios de transporte militar y están expuestos "todas las semanas" a situaciones de riesgo. "Era y es legal, era y es razonable", enfatizó Trillo-Figueroa, quien se preguntó por la legalidad de la póliza, ya anulada, que aseguraba desde 1991 al presidente y a un centenar de funcionarios de La Moncloa.