La Generalitat propone la privatización parcial de la gestión portuaria

El Gobierno catalán quiere dar entrada al capital privado en la gestión de los puertos. La Generalitat ha comunicado al Ministerio de Fomento una propuesta que persigue la privatización parcial de la gestión portuaria para "incrementar la competitividad de los puertos y mejorar su operatividad", de acuerdo con fuentes del Departamento de Política Territorial y Obras Públicas. La medida topa con el rechazo inicial del Ministerio de Fomento y de Puertos del Estado, pero con el apoyo explícito de la Autoridad Portuaria de Barcelona (APB).

Con dos instalaciones portuarias entre las cuatro m...

El Gobierno catalán quiere dar entrada al capital privado en la gestión de los puertos. La Generalitat ha comunicado al Ministerio de Fomento una propuesta que persigue la privatización parcial de la gestión portuaria para "incrementar la competitividad de los puertos y mejorar su operatividad", de acuerdo con fuentes del Departamento de Política Territorial y Obras Públicas. La medida topa con el rechazo inicial del Ministerio de Fomento y de Puertos del Estado, pero con el apoyo explícito de la Autoridad Portuaria de Barcelona (APB).

Con dos instalaciones portuarias entre las cuatro más importantes de España -Barcelona y Tarragona-, el modelo catalán pasa por constituir "una sociedad instrumental que mantenga la titularidad pública y cobre un canon a una sociedad mixta, pública y privada, por los terrenos que utilizan los puertos", explicó Manel Nadal, secretario para la Movilidad de la Generalitat. El gran objetivo es que esta empresa público-privada cobre precios públicos a los operadores, ante el corsé que suponen las actuales tasas instituidas con la Ley de Puertos, una de las últimas modificaciones legislativas del anterior Gobierno.

Además, el Ejecutivo catalán asegura que la entrada de capital privado permitirá "acometer inversiones necesarias para el futuro de estas infraestructuras, y que al menos en Cataluña se han dejado de lado en los últimos años", a juicio de Nadal. La Generalitat proyecta una inversión de 6.421 millones de euros (1.134 hasta 2010 y 5.287 hasta 2020) para mejorar los accesos por carretera y tren, en el que ya está prevista la participación de capital privado. El grueso de la inversión -4.779 millones- lo aportará el Ministerio de Fomento. El resto correrá a cargo del Ejecutivo catalán (1.444 millones), las empresas privadas (100 millones) y la propia APB (56 millones).

Críticas a las tasas

El presidente de la Autoridad Portuaria de Barcelona, Joaquín Coello, ha avanzado ya en varias ocasiones esta propuesta, que supondría la "privatización parcial" de los puertos. Para Coello, las tasas que cobran actualmente los puertos "son impuestos encubiertos, por lo que se traspasa a las autoridades portuarias la responsabilidad de recaudar impuestos y se impide de esta manera establecer políticas comerciales que permitirían una mayor competencia". Nadal asegura que una sociedad público-privada al frente de la gestión "incrementaría la flexibilidad y no se perjudicaría a muchos de los operadores, como ocurre actualmente con las tasas".

La Generalitat ha planteado la cuestión ante Puertos del Estado -un organismo en el que participan tanto Fomento como las comunidades autónomas- y al ministerio, aunque el Gobierno asegura que está "radicalmente en contra" de la privatización parcial de las infraestructuras portuarias, de acuerdo con fuentes de Fomento. Aun así, Puertos del Estado -el ente público que agrupa las infraestructuras portuarias- ha avanzado en los últimos días la introducción de medidas que doten a las autoridades portuarias de una mayor flexibilidad, como la posibilidad de dar mayor capacidad de maniobra a los puertos para establecer la cuantía de las tasas.

La introducción de capital privado en la gestión de los puertos va un paso más allá, pero las fórmulas mixtas ya funcionan en el puerto de Barcelona. La empresa que gestiona la ampliación de la zona de actividades logísticas, Cilsa, está participada por la APB, Sepes -organismo dependiente del Ministerio de Fomento- y el grupo de infraestructuras y servicios catalán Abertis.

La ley de puertos, aprobada en el Congreso en 2003 con los votos del PP y Coalición Canaria, ya establece la liberalización de algunos servicios portuarios comerciales, y desató las críticas del resto de los partidos políticos, en especial porque suponía restar capacidad de gestión a las autoridades portuarias. Además de Coello, los responsables de los principales puertos han criticado las tasas portuarias -Algeciras pidió en enero a Fomento un régimen especial que le permitiera rebajar las tasas ante la competencia que ejerce el puerto de Gibraltar-, aunque sólo el presidente de la Autoridad Portuaria de Barcelona se ha mostrado abiertamente a favor de la privatización parcial.