El PP augura una cascada de litigios contra la "agresiva" Ley de Suelo

El PP se sumó ayer a las críticas del PSE y los constructores contra la Ley de Suelo que tramita el Gobierno. Los populares auguraron numerosos litigios judiciales cuando se apruebe y censuraron especialmente los perjuicios para los ayuntamientos. "Es la agresión más importante de los últimos años [contra los municipios]", valoró el alcalde de Vitoria Alfonso Alonso.

El PP afirmó que la normativa, que el Ejecutivo pretende aprobar antes de la primavera, encarecerá los precios y acarreará la construcción de menos viviendas. Además se refirió a la "falta de consenso" del documento.
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El PP se sumó ayer a las críticas del PSE y los constructores contra la Ley de Suelo que tramita el Gobierno. Los populares auguraron numerosos litigios judiciales cuando se apruebe y censuraron especialmente los perjuicios para los ayuntamientos. "Es la agresión más importante de los últimos años [contra los municipios]", valoró el alcalde de Vitoria Alfonso Alonso.

El PP afirmó que la normativa, que el Ejecutivo pretende aprobar antes de la primavera, encarecerá los precios y acarreará la construcción de menos viviendas. Además se refirió a la "falta de consenso" del documento.

La Ley de Suelo, promovida por Ezker Batua desde el Departamento de Vivienda, contempla aumentar de un 65% al 70% la reserva de suelo para pisos de protección y que otro 20% se destine a vivienda tasada, cuyos precios no sean más de un 30% superiores a la protegida. La normativa establece asimismo un índice mínimo de edificabilidad para limitar la construcción de chalets y crea la figura del agente urbanizador con el fin de agilizar la disposición del suelo.

"Auguro una vida corta a esta ley", dijo Alfonso Alonso, quien afirmó que invade la autonomía municipal y censuró que no se haya buscado un consenso "suficiente" para que sea una normativa duradera en el tiempo. El alcalde de Vitoria lamentó que "tampoco se haya tenido en cuenta" la opinión de los ayuntamientos y otras entidades como la universidad. "No conozco a ningún alcalde que defienda la ley".

Mientras que el PSE ha pedido que se suprima la tutela de las diputaciones en el planeameinto urbanístico y más cuota de viviendas protegidas y tasadas y los constructores defienden reducir a la mitad la actual reserva de pisos de protección y que se destinen los recursos públicos a preparar suelo, el PP incidió en que falta "sensibilidad municipal" y reclamó "más confianza" en los ayuntamientos. "Está propuesta", agregó Alonso, "por una fuerza política que no tiene un solo alcalde [en el País Vasco]".

Sobre la reserva de vivienda protegida, los populares rechazaron la subida de los porcentajes actuales. "Por lo menos, que nos quedemos como estamos", apuntó el parlamentario Antonio Damborenea, quien resaltó que las cuotas actuales del 65% (establecidos en 1994 con la llamada ley Maturana) sólo han logrado que el País Vasco sea la comunidad autónoma "con los precios más altos de viviendas libres y de protección y donde menos se construye".

Cuotas diferentes

Los populares defendieron que la cuantía de los pisos protegidos sea determinada por los ayuntamientos y calificaron de "despropósito" la fijación de unos mínimos para todas las localidades. "Se olvida que las realidades en cada municipio son bien distintas. [El consejero Javier] Madrazo quiere ser el alcalde de todas las ciudades del País Vasco", opinó Alfonso Alonso. A su juicio, la normativa impedirá actuaciones de rehabilitación o la construcción de viviendas de precio medio.

Además, opinaron que el documento dejará al Gobierno "como único constructor con lo que habrá todavía menos vivienda". Esta formación se opuso a uno de los elementos novedosos, el agente urbanizador, que a su juicio servirá para encarecer aún más los precios.

La presidenta del PP vasco, María San Gil, calificó la normativa como una consecuencia del plan Ibarretxe. Afirmó que el PNV ha dado su visto bueno al documento elaborado por Ezker Batua a cambio de que esta formación apruebe el proyecto soberanista del lehendakari. Por este hecho, los populares explicaron que el proyecto de ley, aprobado por el tripartito en septiembre, se haya tramitado "a todo correr" con un plazo de 20 días para que los partidos presentan sus enmiendas.

El parlamentario Antonio Damborenea aseveró que, si se continúa con esta línea, la normativa puede quedar ratificada este mismo mes.