La cesión de tributos condiciona el acuerdo de la Carta Municipal de Barcelona
La Generalitat, el Ayuntamiento de Barcelona y el Gobierno central negocian los porcentajes
Hay acuerdo respecto a la filosofía: Barcelona participará en la cesión de los impuestos del IRPF, el IVA y los impuestos especiales. Pero falta llegar al pacto sobre el porcentaje concreto de cada uno de ellos. Ese parece ser el principal condicionante en la negociación abierta entre la Generalitat y el Ayuntamiento de Barcelona con el Gobierno central para aprobar la llamada "parte española" de la Carta Municipal porque afecta a leyes y disposiciones generales.
El presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, reiteró que la Carta podría entrar en el Congreso en el primer trim...
Hay acuerdo respecto a la filosofía: Barcelona participará en la cesión de los impuestos del IRPF, el IVA y los impuestos especiales. Pero falta llegar al pacto sobre el porcentaje concreto de cada uno de ellos. Ese parece ser el principal condicionante en la negociación abierta entre la Generalitat y el Ayuntamiento de Barcelona con el Gobierno central para aprobar la llamada "parte española" de la Carta Municipal porque afecta a leyes y disposiciones generales.
El presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, reiteró que la Carta podría entrar en el Congreso en el primer trimestre de 2005, pero las negociaciones todavía no están cerradas.
Una de las últimas rondas de negociación que el consistorio quería celebrar este mes de diciembre, antes de que finalizara el año, se acabará posponiendo hasta enero, señalaron fuentes municipales. No obstante, los representantes municipales de la comisión negociadora insisten en la buena disposición de llegar a un acuerdo, sobre todo por parte del Ministerio de Administraciones Públicas (MAP). Las cuestiones que requieren la aprobación del Congreso y el Senado son las relativas a la financiación, la justicia local y la autoridad del alcalde. La propuesta fue pactada previamente entre el Gobierno catalán y el Ayuntamiento de Barcelona, un proceso que tampoco estuvo exento de fricciones entre los dos lados de la plaza de Sant Jaume, donde gobierna el mismo tripartito: PSC, ERC e ICV-EUiA.
El texto final de la Carta fue presentado por el alcalde, Joan Clos, y el consejero de Relaciones Institucionales y Participación de la Generalitat de Cataluña, Joan Saura, a principios de septiembre a Jordi Sevilla, ministro de Administraciones Públicas. Desde entonces se han celebrado varios encuentros entre los negociadores de la Generalitat y el Ayuntamiento con los de los ministerios implicados: además del MAP, Fomento, Hacienda y Cultura. Son rondas negociadoras que también se desarrollaron con la Administración del anterior Gobierno del Partido Popular y no llegaron a ninguna parte. En el consistorio se apresuran a aclarar que ahora la cosa es distinta: "Hay voluntad política".
En el capítulo de la financiación, la propuesta parte del modelo de la cesión de impuestos: IRPF, IVA e Impuestos Especiales. Un régimen especial que prevé la Ley de Haciendas Locales para Madrid y Barcelona, pero nunca desarrollado hasta ahora. Lo que se plantea desde la parte catalana es la cesión del 10% del IRPF -ahora es el 1,6%-, el 20% del IVA -ahora, el 1,7%- y el 30% -ahora, el 2%- de los impuestos especiales. "Ahora estamos en la concreción de los porcentajes", aseguran fuentes municipales. Dentro del capítulo de la financiación, tampoco están claros los gastos de suplencia que se plantean, sobre todo por los equipamientos culturales, porque el ministerio alega que han sido traspasados a la Generalitat.
Justicia local
En cuanto al modelo de justicia local -jueces de distrito para resolver las faltas derivadas de conflictos de la convivencia cotidiana o la reclamación de deudas menores de 3.000 euros, entre otras competencias-, el problema es el modo y el tiempo de plantear la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial que requiere. Fuentes municipales señalaron que se ha llegado a un acuerdo sobre el mecanismo de la elección de los jueces, que deberá partir de una terna seleccionada por el pleno del Ayuntamiento entre candidatos licenciados en derecho y remitida al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. Según las mismas fuentes, el punto de desacuerdo es que el Gobierno quiere plantear esa reforma aprovechando otros cambios que quiere introducir en los tribunales superiores de justicia y el Ayuntamiento no quiere esperar.
La cuestión de cómo se cierre el acuerdo de la Carta de Barcelona podrá tener, además, efectos en cadena, ya que Madrid aspira a tener un reconocimiento específico como capital, y posiblemente otras ciudades podrían plantear el mismo trato y no contentarse con la Ley de Ciudades aprobada por el Partido Popular en la anterior legislatura.