Empresas contratadas por Defensa emplearon a inmigrantes irregulares en la base de Irak

Dos empresas contratadas por el Ministerio de Defensa emplearon a una veintena de inmigrantes irregulares en la base que las tropas españolas tuvieron en Diwaniya (Irak) hasta mayo pasado, según informó ayer la cadena SER. Varios inmigrantes aseguran que sus empleadores les prometieron regularizar su situación en España si iban a trabajar a Irak, pero luego se echaron atrás. Un portavoz de Tecnove, una de las firmas afectadas, aseguró: "No hemos cometido ninguna irregularidad. Contratamos en España conforme a la legislación española y en Irak, a la iraquí".

A finales de agosto de 2003, ...

Dos empresas contratadas por el Ministerio de Defensa emplearon a una veintena de inmigrantes irregulares en la base que las tropas españolas tuvieron en Diwaniya (Irak) hasta mayo pasado, según informó ayer la cadena SER. Varios inmigrantes aseguran que sus empleadores les prometieron regularizar su situación en España si iban a trabajar a Irak, pero luego se echaron atrás. Un portavoz de Tecnove, una de las firmas afectadas, aseguró: "No hemos cometido ninguna irregularidad. Contratamos en España conforme a la legislación española y en Irak, a la iraquí".

A finales de agosto de 2003, el Ministerio de Defensa adjudicó a la Unión Temporal de Empresas (UTE), formada por las compañías Ucalsa y Tecnove, la alimentación de los 1.600 militares españoles desplegados entonces en Irak. Sólo hasta final de ese año, el presupuesto rondaba los tres millones de euros.

La UTE empleó a un centenar de trabajadores en la base de la brigada española en Diwaniya (Irak). Según fuentes de dichas compañías, más de la mitad (55) eran iraquíes, contratados entre la población local, mientras que la cuarta parte eran trabajadores españoles. Su número era, sin embargo, insuficiente y la UTE tampoco podía contratar a más iraquíes, pues el Ejército no quería que la población local pudieran tener acceso a algunas zonas de la base, por razones de seguridad.

La UTE optó por contratar a ciudadanos de terceros países; en concreto, chilenos, rumanos, ecuatorianos y bosnios. Uno de los inmigrantes, que prefiere guardar el anonimato, explica cómo fue contratado: "Tino Galván, el representante de la empresa, nos prometió que al cabo de dos meses en Diwaniya y dos semanas de vacaciones nos iban a regularizar. Eso sí, sólo si trabajábamos duro".

Reclutados en Ciudad Real

"Nosotros", explican otros dos inmigrantes, "llevábamos más de un año trabajando sin papeles en Alcázar de San Juan (Ciudad Real) cuando oímos que Tecnove estaba contratando gente en Herencia [a 10 kilómetros de distancia] para ir a la zona de guerra". Cobraron 1.200 euros mensuales y trabajaron durante cinco meses, entre diciembre de 2003 y mayo pasado. Aseguran que no libraron ni un solo día porque "nos daba miedo salir de la base".

Fuentes sindicales sostienen que, cuando un contrato se hace en España, rige la legislación laboral española, aunque el trabajo se realice fuera. Un portavoz de Tecnove asegura, sin embargo, que estos trabajadores fueron contratados en Irak y que, por tanto, rige la legislación iraquí. No está claro, sin embargo, cuál era dicha legislación en un país sometido a ocupación militar y cuyo aparato estatal estaba colapsado.

Para acreditar que estas contrataciones se realizaron en Irak, el portavoz de Tecnove aseguró que los trabajadores extranjeros llegaron directamente desde sus países de origen. No explicó cómo ni por qué cruzarían el Atlántico ciudadanos chilenos o ecuatorianos para ir a trabajar en la cocina de una base española ubicada 150 kilómetros al sur de Bagdad.

Las condiciones de vida en el campamento se deterioraron gravemente en las últimas semanas, cuando fue objeto de ataques frecuentes. "Muchos días debíamos llevar chalecos antibala, que eran muy pesados, y pasábamos mucho miedo cada vez que caía un proyectil de mortero", explica un inmigrante.

El Ministerio de Defensa sostiene que, al tratarse de un contrato de prestación de servicios, su obligación es controlar la calidad de dicha prestación, pero no las condiciones laborales de los empleados, lo que corresponde a la Inspección de Trabajo. También recuerda que el contrato le exime de cualquier responsabilidad por presuntas irregularidades cometidas por los concesionarios.

Por su parte, el ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, Jesús Caldera, dijo ayer que este asunto es "una demostración palpable y evidente del problema que generó el anterior Gobierno, que no consiguió establecer vías legales para que se desarrollara la inmigración"

Fuentes próximas a Federico Trillo-Figueroa, titular de Defensa cuando se adjudicó el contrato, aseguraron a la cadena SER que "ni el ministro ni su equipo político tuvieron que ver nada con estas contrataciones, que realizaba el Estado Mayor del Ejército de Tierra".