Vecinos y oposición reclaman a Barberá medidas contra el ruido tras la sentencia del tribunal europeo

La federación vecinal de Valencia y la oposición al PP exigieron ayer a la alcaldesa, Rita Barberá, que adopte medidas efectivas contra la contaminación acústica y haga cumplir las ordenanzas municipales relacionadas con el ruido. Para vecinos, socialistas y Esquerra Unida, la sentencia del Tribunal de Derechos Humanos que condena a España por su pasividad ante las quejas de una afectada de la zona de Xúquer pone de manifiesto el fracaso de la política municipal contra el ruido. Barberá, por contra, consideró que el Ayuntamiento ha sido "pionero" en algunas medidas.

La sentencia del tri...

La federación vecinal de Valencia y la oposición al PP exigieron ayer a la alcaldesa, Rita Barberá, que adopte medidas efectivas contra la contaminación acústica y haga cumplir las ordenanzas municipales relacionadas con el ruido. Para vecinos, socialistas y Esquerra Unida, la sentencia del Tribunal de Derechos Humanos que condena a España por su pasividad ante las quejas de una afectada de la zona de Xúquer pone de manifiesto el fracaso de la política municipal contra el ruido. Barberá, por contra, consideró que el Ayuntamiento ha sido "pionero" en algunas medidas.

La sentencia del tribunal europeo de Estrasburgo condena a España a indemnizar con 8.384 euros a Pilar Moreno Gómez por la invasión sonora de su domicilio desde los locales nocturnos de la calle del Serpis. La demandante emprendió la larga batalla judicial ganada ahora con una queja ante el Ayuntamiento en 1997, pero la alcaldesa se mostró ajena a la sentencia al felicitar "a esta ciudadana por el tesón y la lucha en defensa de sus derechos" y resaltar que el fallo "marcará doctrina". Para Barberá, el Ayuntamiento combatió el exceso de ruido de la plaza de Xúquer al declarar el área Zona Acústicamente Saturada (ZAS), una actuación a su juicio "pionera" de mediados de los noventa que no se ha aplicado más. A pesar de ello, la alcaldesa aseguró que su equipo "no ha parado de estudiar" nuevas ZAS, y comentó que la semana pasada celebró una reunión sobre El Carme. Barberá pidió mayor concienciación ciudadana.

Los vecinos reiteraron su malestar por la falta de medidas. El presidente de la federación vecinal, Antonio Cañuelo, lamentó "la indefensión de los ciudadanos" por la ausencia de actuación de las administraciones y apuntó que si se cumplieran las leyes de espectáculos y de drogodependencias y la ordenanza municipal del ruido, "el 80% de los conflictos desaparecerían". Cañuelo criticó la identificación de "zonas de copas con las de ocio" y recordó la petición al Ayuntamiento de convocar a la comisión del ruido, hasta ahora inoperante. Por su parte, el portavoz de Amics del Carme, Toni Cassola, destacó que la sentencia supone "una espaldarazo" a la lucha de los vecinos del centro histórico y otros barrios contra el ruido y "el botellón". La federación vecinal y los hosteleros presentaron un plan conjunto para ordenar el sector en El Carme, pero "no se ha hecho nada", por lo que en el barrio ha comenzado la recogida de firmas para pedir la ZAS en ciertas calles y plazas. "El Ayuntamiento está desbordado, la normativa no se cumple, y la única cultura del ocio que se promueve es la del alcohol", añadió. Los vecinos han pedido que se debata un plan de actuación en la junta local de seguridad y el Síndic de Greuges ha exigido más "rigor y eficacia" contra el ruido y el botellón. Vicente Pizcueta, presidente de la federación de hosteleros, criticó "la falta de capacidad de la Administración" para intervenir en el ocio y destacó la voluntad del sector de abordar soluciones globales a los conflictos.

La oposición tampoco ahorró críticas. La concejal socialista Carmina del Río denunció la "pasividad y permisividad" del PP ante las reclamaciones aún disponiendo de normas municipales, autonómicas y estatales. Del Río pidió una comisión específica para cumplir con la exigencia legal de elaborar "un plan acústico" y un mapa del ruido, ya que el actual "está obsoleto". María Victoria González, concejal de EU, calificó de "demencial que se haya tardado 10 años en reconocer un derecho sin que ningún juez ni administración haya hecho nada".