Investigado por la Fiscalía del Tribunal del Cuentas
El fiscal para el Tribunal de Cuentas actuó de oficio el pasado mes de marzo y abrió una investigación preeliminar sobre los indicios de un supuesto delito contable en la gestión de la Zona Franca de Cádiz entre 1997 y 2000 a raíz de un informe de este organismo, que denunció que Rodríguez de Castro gastó durante su mandato, entre 1997 y 2001, casi 600.000 euros sin que justificara su destino.
Este dirigente contrató además con empresas privadas ajenas al Consorcio de la Zona Franca labores de administración y asesorías por las que cobraron 144.000 euros "sin que se haya aportado ningún...
El fiscal para el Tribunal de Cuentas actuó de oficio el pasado mes de marzo y abrió una investigación preeliminar sobre los indicios de un supuesto delito contable en la gestión de la Zona Franca de Cádiz entre 1997 y 2000 a raíz de un informe de este organismo, que denunció que Rodríguez de Castro gastó durante su mandato, entre 1997 y 2001, casi 600.000 euros sin que justificara su destino.
Este dirigente contrató además con empresas privadas ajenas al Consorcio de la Zona Franca labores de administración y asesorías por las que cobraron 144.000 euros "sin que se haya aportado ningún documento que desprenda la utilidad o rendimiento que le reportó esta contratación".
Rodríguez de Castro se vio obligado a presentar su dimisión el 19 de febrero de 2001, mes y medio después de que trascendieran las denuncias sobre su gestión, en especial, por 1,33 millones de euros que gastó en viajes, almuerzos, regalos y partidas relacionadas con el protocolo en sus cuatro años de gestión, un millón más de lo previsto, según los informes internos de control presupuestario de la Zona Franca.
Sin explicaciones
El delegado se marchó pero no ofreció explicaciones sobre estas denuncias y otras relacionadas con la supuesta contratación irregular de personas vinculadas al PP y a su actividad en numerosas empresas privadas, cuando la Ley de Altos Cargos del Estado le limitaba en este ejercicio. A cambio, se presentó como una "víctima de la campaña de acoso" que, a su juicio, realizó el PSOE.
El Tribunal de Cuentas detalló que el dirigente cargó 330.000 euros en gastos de viajes y restaurantes a tres tarjetas de crédito por cuenta del Estado. Asimismo, entre 1997 y 2000 se transfirieron al delegado 132.000 euros en efectivo en compensación de gastos sufragados por él, pero "sin que la dirección del Consorcio aportara a los servicios financieros los correspondientes justificantes de gasto". Además, pasaba de forma habitual facturas sin justificar correspondientes a hoteles, coches con chofer y a viajes a Sao Paulo, Lima, Buenos Aires, Puerto Rico, Ciudad de México, Panamá y China.
El Estado pagó además el alquiler de la vivienda del delegado y el sueldo y la Seguridad Social de su empleada del hogar entre 1997 y 2000. Asimismo, el ex delegado asumió poderes excesivos que utilizó para contratar obras sin someterlas al control del Comité Ejecutivo de la Zona Franca.