Desmantelada en Cataluña y Bélgica una red de tráfico de loros
Agentes rurales y fuerzas de seguridad de Cataluña, España y Bélgica han desmantelado una red que traficaba con una especie de loro protegida por el convenio internacional CITES. Por el momento, hay dos comerciantes de Barcelona imputados en la operación, una de las más importantes realizadas nunca en Cataluña, según el director general de Medio Natural, Ramon Luque.
Entre 1998 y 1999, 3.982 loros grises salieron ilegalmente de la República Democrática del Congo (RDC) con destino al aeropuerto de Barajas, donde hasta 26 partidas pasaron el control aduanero con documentación falsa o modi...
Agentes rurales y fuerzas de seguridad de Cataluña, España y Bélgica han desmantelado una red que traficaba con una especie de loro protegida por el convenio internacional CITES. Por el momento, hay dos comerciantes de Barcelona imputados en la operación, una de las más importantes realizadas nunca en Cataluña, según el director general de Medio Natural, Ramon Luque.
Entre 1998 y 1999, 3.982 loros grises salieron ilegalmente de la República Democrática del Congo (RDC) con destino al aeropuerto de Barajas, donde hasta 26 partidas pasaron el control aduanero con documentación falsa o modificada. Una vez en Barcelona, los mayoristas imputados vendían la mitad de las aves a comerciantes minoristas por un importe de unos 900 euros cada uno (aunque el precio podía variar según la edad del loro y si sabía hablar o no) y enviaban la otra mitad a Brujas. Allí un ciudadano belga, con antecedentes por tráfico de animales en el Reino Unido, distribuía la mitad restante. También se sospecha de un belga-congoleño que ejercía de exportador desde la RDC bajo nombres y empresas ficticias.
La investigación empezó en marzo 2002, después de que la secretaria general del CITES en España alertara sobre un desajuste entre la cuota máxima de exportación de loros grises de la RDC (10.000 por año) y las partidas llegadas a Madrid. La operación ha sido dirigida por la Fiscalía de Medio Ambiente del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, pero es el Juzgado de Instrucción número 30 de Madrid el que ha resuelto el caso, ya que el delito se había cometido en Barajas. Los imputados afrontan una pena de ocho años de prisión y una multa de 801.800 euros.