La Generalitat doblará el número de presos controlados por pulseras electrónicas

El portavoz del Gobierno catalán, Joaquim Nadal, anunció ayer que la Generalitat tiene previsto duplicar en cuatro años el número de presos vigilados mediante pulseras electrónicas. Éste es uno de los acuerdos de gobierno tomados ayer en la reunión del Consell Executiu, entre los que destacan también la convocatoria de un concurso público para homologar las centrales de medios encargados de distribuir la publicidad institucional de la Generalitat, y la aprobación del decreto por el que se legalizan 16 escuelas oficiales de idiomas que hasta ahora funcionaban sin amparo legal.

La iniciat...

El portavoz del Gobierno catalán, Joaquim Nadal, anunció ayer que la Generalitat tiene previsto duplicar en cuatro años el número de presos vigilados mediante pulseras electrónicas. Éste es uno de los acuerdos de gobierno tomados ayer en la reunión del Consell Executiu, entre los que destacan también la convocatoria de un concurso público para homologar las centrales de medios encargados de distribuir la publicidad institucional de la Generalitat, y la aprobación del decreto por el que se legalizan 16 escuelas oficiales de idiomas que hasta ahora funcionaban sin amparo legal.

La iniciativa de las pulseras telemáticas afecta tan sólo a los internos en centros penitenciarios en régimen de semilibertad o tercer grado. De este modo, los 90 presos controlados mediante este istema pasarán a ser 200 en 2008. El Consell Executiu aprobó ayer una primera inversión de 890.983 euros en los dos próximos años para llevar a cabo esta iniciativa.

Publicidad institucional

El Consell Executiu dio luz verde además a la convocatoria de un concurso público para homologar las centrales de medios de planificación, inserción y asesoramiento en la difusión de su publicidad institucional. Joaquim Nadal explicó que con esta medida se intenta dar a la publicidad institucional "una mayor coherencia y un tratamiento integrado que garantizará su transparencia".

Asimismo, la Generalitat aprobó un decreto que legaliza las 16 escuelas oficiales de idiomas que el anterior Gobierno de CiU puso en marcha en septiembre de 2003. Según un análisis del Departamento de Educación, estas escuelas iniciaron la enseñanza de idiomas "de hecho pero no de derecho". El documento detalla que los 16 centros carecían de disponibilidad presupuestaria, algunos de ellos no tenían cerrados los expedientes patrimoniales -6 están ubicadas en centros de infantil, de primaria y en institutos- y se pusieron en marcha sin una planificación territorial previa.