CiU impulsa la creación del consejo audiovisual

El Congreso de los Diputados debatirá mañana una proposición de ley orgánica presentada por CiU para la creación de un Consejo Superior de Medios Audiovisuales. Esta autoridad independiente, implantada en prácticamente todos los países europeos, tendría como una de sus principales misiones vigilar el cumplimiento de las normas sobre los contenidos televisivos. El portavoz parlamentario de CiU, Josep Antoni Duran Lleida, asegura que ante la degradación de determinados programas que se emiten en horario infantil urge una ley que "ayude a erradicar la telebasura".

El texto elaborado por Ci...

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El Congreso de los Diputados debatirá mañana una proposición de ley orgánica presentada por CiU para la creación de un Consejo Superior de Medios Audiovisuales. Esta autoridad independiente, implantada en prácticamente todos los países europeos, tendría como una de sus principales misiones vigilar el cumplimiento de las normas sobre los contenidos televisivos. El portavoz parlamentario de CiU, Josep Antoni Duran Lleida, asegura que ante la degradación de determinados programas que se emiten en horario infantil urge una ley que "ayude a erradicar la telebasura".

El texto elaborado por CiU se debatirá en el pleno del Congreso nueve años después de que el Senado aprobara por unanimidad la creación de un consejo audiovisual. Durante este tiempo se han presentado iniciativas parlamentarias por parte de distintos grupos políticos, pero ninguna de ellas ha prosperado. Duran recuerda ahora "el compromiso" manifestado por el actual Gobierno para la creación de una autoridad de ámbito estatal.

La regulación de los contenidos que se emiten en horario de protección de menores es, a juicio de Duran, "la cuestión principal", que debe regular el consejo, aunque subraya "la responsabilidad de los padres" a la hora de controlar el consumo televisivo por el público infantil y juvenil. "La estructura familiar posibilita que los menores tengan acceso a contenidos que no son correctos, que deseducan y desinforman".

Sobre este nuevo organismo recaería, según el modelo de CiU, la misión de velar por el cumplimiento de la legislación, la regulación de la producción, la programación, la publicidad o el patrocinio. Además de emitir informes sobre la renovación o revocación de licencias, se encargaría de proteger los derechos básicos de las minorías, la infancia y la juventud tanto en la programación como en los contenidos publicitarios y de canalizar las quejas y demandas de los ciudadanos y las asociaciones de telespectadores.

Entre sus competencias, el consejo podrá promover normas de autorregulación en el sector y sus decisiones serán vinculantes respecto a "la ubicación de programas que pudieran resultar lesivos para la juventud o la infancia fuera de los horarios de protección legalmente establecidos". También podrá obligar a retirar publicidad ilícita e imponer sanciones en el caso de que las cadenas incumplieran la normativa sobre radiodifusión televisiva, publicidad y protección de los derechos de los consumidores y usuarios.

En cuanto a su composición, CiU propone una entidad integrada por diez miembros, nueve de ellos elegidos por el Congreso con una mayoría de dos tercios, entre personas con experiencia en el sector audiovisual y políticamente independientes. La duración del mandato es de seis años, con renovaciones parciales. Duran apuesta por establecer su sede en Barcelona, por la "experiencia positiva" del Consejo Audiovisual de Cataluña, aunque también Madrid y Navarra tienen órganos similares.

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