Marta Cid reclama más fondos para hacer posible la reforma educativa
"No es aceptable que el Estado legisle y no se haga responsable de sus decisiones"
Más autonomía y más dinero, de modo que el sistema educativo pueda asumir sus objetivos: desde la gratuidad real a partir de los tres años hasta la reducción del fracaso escolar. Estos son algunos de los requisitos que la consejera de Enseñanza, Marta Cid, ha hecho llegar a la ministra homóloga, María Jesús Sansegundo, para alcanzar un acuerdo general sobre la reforma educativa prevista por el Gobierno central.
Cid sostiene que "la nueva ley debe ir acompañada de recursos" porque, dijo: "No podemos seguir aceptando que el Estado legisle y después no se haga responsable de sus decisiones...
Más autonomía y más dinero, de modo que el sistema educativo pueda asumir sus objetivos: desde la gratuidad real a partir de los tres años hasta la reducción del fracaso escolar. Estos son algunos de los requisitos que la consejera de Enseñanza, Marta Cid, ha hecho llegar a la ministra homóloga, María Jesús Sansegundo, para alcanzar un acuerdo general sobre la reforma educativa prevista por el Gobierno central.
Cid sostiene que "la nueva ley debe ir acompañada de recursos" porque, dijo: "No podemos seguir aceptando que el Estado legisle y después no se haga responsable de sus decisiones".
La consejera considera que la propuesta del Ministerio de Educación recoge algunas de las demandas de la Generalitat en "la reválida, el tratamiento de la diversidad y los idiomas extranjeros". No obstante, Cid defiende la obligatoriedad de la enseñanza entre los tres y los seis años, prevista por la ley, porque "socialmente así está asumido y en Cataluña hay el 100% de escolarización en esta franja de edad". Asimismo, cree que "la práctica confesional de la religión" no debe situarse en la escuela y que debe garantizarse la gratuidad educativa, la igualdad de oportunidades y la equidad en todos los centros sostenidos con fondos públicos, incluidos los concertados.
La responsable de Educación de la Generalitat sostiene que la nueva ley debe tener los siguientes objetivos básicos: reducir el fracaso escolar, mejorar el rendimiento de todo el alumnado, incrementar la población con estudios pos-obligatorios y aumentar las plazas escolares públicas de cero a tres años. Asimismo, pretende garantizar la gratuidad de la educación infantil de tres a seis años en los centros sostenidos con fondos públicos, conseguir la competencia en idioma extranjero e impulsar la gestión autónoma y democrática de los centros educativos.
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