Un nuevo reto para Andalucía

El debate sobre la reforma del Estatuto de Autonomía es ya hoy un debate necesario e inaplazable. Tras 25 años de desarrollo democrático y autonómico, Andalucía se enfrenta a nuevos retos políticos y sociales derivados de la propia evolución de la sociedad y de nuestro papel e intervención en España y Europa, para lo cual el actual Estatuto es un instrumento claramente insuficiente. Andalucía necesita un nuevo impulso político y un cambio en profundidad. Para ello, se hace imprescindible plantear un nuevo y más potente instrumento jurídico-político que nos permita alcanzar tres objetivos funda...

El debate sobre la reforma del Estatuto de Autonomía es ya hoy un debate necesario e inaplazable. Tras 25 años de desarrollo democrático y autonómico, Andalucía se enfrenta a nuevos retos políticos y sociales derivados de la propia evolución de la sociedad y de nuestro papel e intervención en España y Europa, para lo cual el actual Estatuto es un instrumento claramente insuficiente. Andalucía necesita un nuevo impulso político y un cambio en profundidad. Para ello, se hace imprescindible plantear un nuevo y más potente instrumento jurídico-político que nos permita alcanzar tres objetivos fundamentales: obtener y ejercer el mayor grado de autogobierno posible, mejorar la calidad de vida de los andaluces y marcar los objetivos estratégicos de Andalucía para los próximos 25 años. Para una fuerza política como IU LV-CA, cuyo objetivo fundamental es transformar la sociedad andaluza, para hacerla más igual y solidaria en todos los terrenos, mejorando las condiciones de vida de los ciudadanos, estos tres objetivos están íntimamente relacionados y se condicionan mutuamente.

Hay que incorporar una carta de derechos sociales de carácter universal

Ni la Constitución ni los Estatutos pueden permanecer como textos sagrados

Tras los resultados de los pasados procesos electorales, el debate sobre la reforma de la Constitución y de los distintos Estatutos está más vivo y abierto que nunca, iniciándose el camino de una segunda transición en el conjunto del Estado. La conformación de mayorías parlamentarias y de gobiernos que llevan en su programa electoral compromisos en esta dirección ha contribuido a que el tema entre de lleno en la agenda y el calendario político de esta legislatura. Andalucía no puede quedarse atrás, ni llegar tarde al debate general, ni poner freno a este debate, pues sin lugar a dudas vamos a asistir a un nuevo proceso instituyente en torno al modelo de Estado en el que se va a definir una nueva relación entre todas las comunidades y nacionalidades que conforman la España plural y plurinacional.

En este contexto, el nuevo Estatuto andaluz debería estar listo para su aprobación por el Parlamento el próximo 28 de febrero, para que sea remitido y discutido en el Congreso de modo simultáneo a otros como el catalán. Andalucía una vez más debe asumir un fuerte protagonismo en este debate político, tal como ocurrió en 1980, para garantizar que accedamos al máximo nivel de autogobierno en igualdad de condiciones con cualquier otra comunidad. Mal haría Andalucía si, en vez de reivindicar para sí el máximo nivel competencial, asume la dirección del coro de voces centralistas que pretende frenar las aspiraciones de otras comunidades y de la nuestra.

Desde nuestros planteamientos, la consecución del máximo nivel de autogobierno no es posible sin reformar también la Constitución Española, no sólo en su Título III, en lo que se refiere al Senado, sino también su Título VIII, para redefinir la organización territorial del Estado, y a otros, como el Título V, que afecta al poder judicial. Todo ello para avanzar la construcción de un Estado federal, plurinacional y solidario, que respete las diferencias y particularidades de cada pueblo pero que elimine las desigualdades territoriales y sociales. Ese es nuestro modelo, ese es nuestro horizonte, que recoge la tradición de la izquierda republicana y federal.

En varios debates el señor Chaves ha defendido, frente a nuestra posición, que estamos en un estado autonómico cuasifederal y que no quería entrar en un debate nominalista. Si así fuera, ¿por qué tanto miedo a llamar las cosas por su nombre? Para nosotros el problema es de fondo. A nuestro juicio, el Estado federal es el que mejor resuelve tres contradicciones que están a debate: la contradicción entre la cohesión y el carácter plurinacional de España; la contradicción entre los derechos nacionales y los derechos de ciudadanía; y la contradicción entre reivindicación particular y solidaridad. Avanzar hacia el Estado federal supone un pacto en el que todas las comunidades que conforman España acuerden qué competencias asumirán y cuáles residirán en la federación como depositaria de la soberanía del conjunto.

Está claro que tras 26 años de democracia, el modelo autonómico de la Constitución del 78 ha cumplido la función que se le asignó: permitir la transición de un estado dictatorial y centralista a un estado democrático y políticamente descentralizado. Durante este tiempo, la realidad española y europea ha ido cambiando y la Constitución ha puesto de manifiesto sus aciertos y sus lagunas. Europa ha condicionado la propia Constitución y los Estatutos de Autonomía. Ni la una ni los otros pueden permanecer como textos sagrados e inamovibles. Por tanto, consolidada ya la democracia, nadie debería sorprenderse por plantear el debate en lo referente al modelo de Estado.

Al mismo tiempo, estamos ante un problema de ritmos y de métodos. Frente a la lógica y la dinámica que se dio durante la transición, en la que primero se redactó la Constitución y después los Estatutos, ahora asistimos a una dinámica política inversa o cuando menos casi paralela en el debate: los Parlamentos de Cataluña y Andalucía ya han constituido sus respectivas ponencias, Ibarretxe someterá su plan a discusión en el Parlamento vasco, y el Gobierno actual ha planteado que para enero debe iniciarse el debate sobre la reforma limitada de la Constitución, a la que deberán adecuarse las reformas estatutarias. De ahí la importancia que tendría acompasar los debates, sus ritmos y sus métodos. IU participará con intensidad en todos ellos defendiendo nuestros objetivos y posiciones.

El artículo 74 de nuestro Estatuto establece una mayoría de tres quintos del Parlamento para la aprobación de una propuesta de reforma. Hoy, al igual que en 1980, es posible aprobar un Estatuto sustentado en un amplio acuerdo de las fuerzas progresistas de Andalucía, apoyado y respaldado por la gran mayoría del pueblo andaluz y sus organizaciones. En IU-CA estamos abiertos al diálogo y, por lo tanto, al máximo consenso, pero no aceptamos vetos o frenos a las legítimas aspiraciones de la mayoría del pueblo andaluz.

Hoy como ayer con quien es necesario alcanzar un amplio acuerdo y consenso es con la sociedad y con las instituciones andaluzas. Éstas deben ser protagonistas de un debate tan importante para Andalucía que no puede quedar recluido en sede parlamentaria. Es necesario socializarlo para escuchar las aspiraciones de los distintos sectores sociales y sensibilizar y movilizar a la sociedad andaluza, para hacerla protagonista de los cambios. Para ello, hemos propuesto dos procesos participativos: la comparecencia de cuarenta y dos organizaciones e instituciones andaluzas, en el seno de la ponencia parlamentaria, y la creación de foros paralelos y simultáneos de debate abiertos al conjunto de la ciudadanía andaluza.

Por concretar algunos aspectos, el nuevo Estatuto debe contribuir al fortalecimiento de las señas de identidad del pueblo andaluz y debe incluir el pacto local y la comarcalización; la reforma de las instituciones andaluzas, sean locales o autonómicas, para que sus instrumentos y procedimientos legislativos y administrativos ganen en eficiencia, representatividad, pluralidad, participación y paridad; la limitación de mandatos del presidente de la Junta de Andalucía y la participación de Andalucía en las decisiones de la UE que le afecte.

Para responder a las nuevas demandas sociales y realidad andaluza, habría que ampliar los objetivos básicos y estratégicos del art. 12.3 del Estatuto, en coherencia con un nuevo modelo de desarrollo económico, basado en la sostenibilidad medioambiental y en el bienestar comunitario, e incorporar una Carta de Derechos Sociales de carácter fundamental y universal, que dé soporte jurídico a las políticas de cohesión social que permitan afrontar los retos de la desigualdad, la pobreza y la inmigración.

La reforma debe ampliar los contenidos del art. 23 del Estatuto para establecer acuerdos y convenios de cooperación con otras comunidades autónomas, con regiones europeas y de nuestro entorno, y favorecer una sociedad de paz, libre de bases militares y desnuclearizada.