13 años de discusiones
Ha sido una travesía larga, compleja y polémica la que ha llevado en Brasil a la aprobación de un proyecto de ley que obliga a todas las escuelas públicas de la enseñanza secundaria a ofrecer la asignatura de español.
Todo comenzó en 1991 cuando Itamar Franco era presidente de la República. Él estaba firmemente convencido de la importancia de que los brasileños hablasen castellano con vistas a la consolidación del Mercosur.
Después vino el interés por España, no sólo por su fuerza económica (es el segundo inversor extranjero en Brasil), sino también por la influencia de su arte y...
Ha sido una travesía larga, compleja y polémica la que ha llevado en Brasil a la aprobación de un proyecto de ley que obliga a todas las escuelas públicas de la enseñanza secundaria a ofrecer la asignatura de español.
Todo comenzó en 1991 cuando Itamar Franco era presidente de la República. Él estaba firmemente convencido de la importancia de que los brasileños hablasen castellano con vistas a la consolidación del Mercosur.
Después vino el interés por España, no sólo por su fuerza económica (es el segundo inversor extranjero en Brasil), sino también por la influencia de su arte y cultura. Brasil se ha ido estos años descubriendo cada vez más latino.
El primer proyecto de ley que se hizo público era muy amplio y pretencioso: exigía la obligación de que todos los alumnos estudiaran español en secundaria. Pero provocó que empezaran a llegar presiones de franceses e ingleses y se llegó a impugnar la ley por inconstitucional, después de haber sido aprobada en el Senado el 1 de septiembre de 1999. La norma acabó empantanada durante años en la Comisión de Educación del Parlamento, y estuvo a punto de desaparecer para siempre.
La salvó el ex ministro de Educación Paulo Renato, del Gobierno de Fernando Henrique Cardoso, con una enmienda que fue presentada por el diputado Atila Lira. En ella, la obligación de que todos los alumnos cursaran español en secundaria quedaba reducida a la exigencia de que las escuelas la ofrecieran, dejando libertad a los estudiantes de escogerla o no. Ésta es la fórmula que ha prosperado.
La ley ha pasado, por tanto, por las manos de tres presidentes de la República. Será ahora Lula quien le otorgará la aprobación final y el ministro de Educación, Tarso Genro, tendrá que velar por que la norma se cumpla.