Funcas denuncia la descoordinación en los servicios públicos de empleo

La eficacia de las políticas activas del mercado de trabajo está limitada por la "descoordinación" entre el Instituto Nacional de Empleo (Inem) y los servicios de empleo de las comunidades autónomas, así como por la actual estructura y funcionamiento del Servicio Público de Empleo (SPE), según un estudio de la Fundación de Cajas de Ahorros (Funcas) difundido ayer.

Esta fundación considera que la integración de las funciones del Servicio Público de Empleo es "más teórica que real". Esta situación, unida a la desconfianza de los demandantes de empleo y de los empresarios hacia el Inem com...

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La eficacia de las políticas activas del mercado de trabajo está limitada por la "descoordinación" entre el Instituto Nacional de Empleo (Inem) y los servicios de empleo de las comunidades autónomas, así como por la actual estructura y funcionamiento del Servicio Público de Empleo (SPE), según un estudio de la Fundación de Cajas de Ahorros (Funcas) difundido ayer.

Esta fundación considera que la integración de las funciones del Servicio Público de Empleo es "más teórica que real". Esta situación, unida a la desconfianza de los demandantes de empleo y de los empresarios hacia el Inem como intermediario eficaz en el mercado de trabajo, explica los "pobres resultados" de este organismo como agente público de colocación.

En este sentido, Funcas recuerda que, en el periodo 1996-2003 el Inem sólo gestionó el 16,6% de las colocaciones en el mercado de trabajo. Para las cajas, la falta de coordinación entre las propias oficinas del Inem y entre éstas y los servicios de empleo de las comunidades autónomas dificulta que la información sobre ofertas y demandas de empleo circule de forma fluida por todo el país.

Según el informe, hasta la reforma del Servicio Público de Empleo, que tuvo lugar en 1994, éste se caracterizaba por la obligatoriedad de trabajadores y empresarios de acudir al Inem en busca de demanda de empleos y empleados respectivamente. Recuerda que la reforma de este servicio en España se dio en dos sentidos: la ruptura del monopolio del Inem en la colocación y el proceso de descentralización hacia las comunidades autónomas.

En la actualidad, el Servicio Público de Empleo se compone del Inem, que mantiene la gestión de la protección por desempleo, y de los servicios públicos de las comunidades autónomas, que gestionan las políticas activas sobre las que tienen competencia.

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