La empresa Majorica inicia el despido de 176 empleados, un 44% de su plantilla
La empresa joyera Majorica, con sede en Manacor (Mallorca), comenzó ayer a hacer efectivo el despido de 176 de sus 403 trabajadores, siguiendo el acuerdo firmado en marzo pasado por la dirección de la compañía, los sindicatos y el Gobierno balear para paliar la situación deficitaria de la firma dedicada a la perla artificial y la bisutería. Los empleados afectados, pertenecientes en su mayoría a la factoría de joyas y al centro de venta al público, se acogerán al plan social diseñado por Majorica, que contempla la prejubilación y el despido de trabajadores de forma escalonada hasta el 31 de di...
La empresa joyera Majorica, con sede en Manacor (Mallorca), comenzó ayer a hacer efectivo el despido de 176 de sus 403 trabajadores, siguiendo el acuerdo firmado en marzo pasado por la dirección de la compañía, los sindicatos y el Gobierno balear para paliar la situación deficitaria de la firma dedicada a la perla artificial y la bisutería. Los empleados afectados, pertenecientes en su mayoría a la factoría de joyas y al centro de venta al público, se acogerán al plan social diseñado por Majorica, que contempla la prejubilación y el despido de trabajadores de forma escalonada hasta el 31 de diciembre. La plantilla se reducirá en un 44%.
Majorica está controlada en un 50% por Drasan Limited, filial de la multinacional taiwanesa Saga Corporation, mientras que el resto del accionariado pertenece a diferentes inversores catalanes. El vicepresidente de Saga y director general de Majorica, Claude Ries, anunció meses atrás que la empresa centrará su actividad en la producción de perlas y que "se prescindirá" de la sección de joyería.
A finales de septiembre, Majorica iniciará el desmantelamiento de su fábrica de perlas, situada en el centro de Manacor, para trasladarla al extrarradio de la ciudad. La recalificación y posterior venta de los terrenos actuales, facilitada por el Ayuntamiento de la localidad, permitirá a la empresa la devolución de las millonarias deudas contraídas con bancos y proveedores, así como el pago de parte del plan social, que tendrá un coste global de 7,6 millones de euros. De esta cantidad, la compañía aportará 4,6 millones, mientras que los otros tres irán a cargo de los Gobiernos autonómico y central.