Una juez ve indicios de delito fiscal en la gestión de Lopera en el Betis
Hacienda acusa de un fraude de 10 millones a la sociedad del presidente que explota el estadio
La titular del Juzgado de Instrucción número 17 de Sevilla, Pilar Llorente, dio por concluida la fase de instrucción de la denuncia que la Agencia Tributaria presentó en 2000 contra el presidente del Betis, Manuel Ruiz de Lopera, por el presunto fraude fiscal de una de sus sociedades que gestiona el estadio verdiblanco. La juez considera que hay indicios de delito y el día 22 dictó un auto de procedimiento abreviado en el que se insta a la fiscalía y al abogado del Estado a que califiquen el caso. Ruiz de Lopera anunció ayer que recurrirá ante la Audiencia Provincial de Sevilla.
La Agen...
La titular del Juzgado de Instrucción número 17 de Sevilla, Pilar Llorente, dio por concluida la fase de instrucción de la denuncia que la Agencia Tributaria presentó en 2000 contra el presidente del Betis, Manuel Ruiz de Lopera, por el presunto fraude fiscal de una de sus sociedades que gestiona el estadio verdiblanco. La juez considera que hay indicios de delito y el día 22 dictó un auto de procedimiento abreviado en el que se insta a la fiscalía y al abogado del Estado a que califiquen el caso. Ruiz de Lopera anunció ayer que recurrirá ante la Audiencia Provincial de Sevilla.
La Agencia Tributaria presentó una denuncia en diciembre de 2000 contra Ruiz de Lopera y el vicepresidente primero del club, Ángel Martín, por un presunto fraude fiscal de 10.217.000 euros de la sociedad Tegasa en los ejercicios comprendidos entre 1996 y 2000. Ruiz de Lopera es el máximo accionista de Tegasa, a la que como presidente del Betis contrató la explotación del estadio y que, en aquel momento, recibía y gestionaba todos los ingresos del club sevillano. La inspección de Hacienda consideraba en el informe previo a la formalización de la denuncia que Ruiz de Lopera estaba descapitalizando al Betis en beneficio propio. El presidente bético es el máximo accionista de Farusa, que posee el 52% del capital social del club y el 25% de Tegasa. El 100% del accionariado de está última está integrado por entidades de Ruiz de Lopera.
El supuesto delito fiscal cometido por Tegasa es haber cargado en el apartado de gastos el coste de la reconstrucción de la mitad del estadio Benito Villamarín. Los abogados del presidente bético consideran que la Ley de Arrendamientos permite que el inquilino desgrave los gastos de modernización del inmueble. Por su parte, la Agencia Tributaria considera que, en realidad, Ruiz de Lopera se está alquilando a sí mismo con el único fin de burlar el pago del impuesto de sociedades. Hacienda retiró en 2002 dos imputaciones incluidas en la denuncia en relación con el traspaso de dos jugadores.
El presidente bético anunció ayer con un comunicado en la página web del club que recurrirá el auto de la juez Llorente ante la Audiencia Provincial de Sevilla. De concretarse el recurso, se suspendería la ejecución del auto hasta que la Sala correspondiente dictaminara si procede seguir adelante al certificar la existencia de indicios de delito o darle carpetazo definitivamente. Si la Audiencia coincide con la tesis de la juez, la Fiscalía y el Abogado del Estado presentarían sus calificaciones y se daría inicio al juicio oral. Agosto es un mes inhábil a efectos judiciales, por lo que este proceso que arrancara cuatro años atrás amenaza con dilatarse aún más. Ruiz de Lopera declaró como imputado durante el proceso de instrucción en julio de 2002.
El presidente bético está a la cabeza de una tupida y numerosa red de sociedades. En lo que toca al Betis, a las ya citadas Farusa y Tegasa, hay que sumar Frigimueble, Incecosa y Ruolsa. El equipo ha llevado publicidad en sus camisetas de otras empresas del presidente, como es el caso de Ocaroil. Por supuesto, en todas estas operaciones, Ruiz de Lopera se estaba contratando y pagando a sí mismo, lo que despertó las dudas de la Agencia Tributaria sobre el sentido económico que estas contrataciones tendrían para el club.
En el informe previo a la denuncia, la Inspección de Hacienda detectó presuntas irregularidades en los trabajos desarrollados por Tegasa para el Betis. Así, el informe sostenía que la citada sociedad fue contratada en 1993 y no tuvo trabajador alguno hasta 1994, cuando incorporó a dos administrativos. En la temporada 1993-1994, Tegasa pagó al Betis 5,4 millones por la gestión de sus servicios y por la que ingresó 4,5 millones. En el siguiente curso, la sociedad pagó 811.000 euros más de lo que recaudó. No obstante, siempre según el citado informe, en los dos ejercicios siguientes la diferencia entre lo pagado por Tegasa al club y sus ingresos fue de más de 12 millones de beneficio para la sociedad.
Ruiz de Lopera se ha defendido de las acusaciones de muy diversas maneras, pero siempre dentro de su estilo. Así, cuando la Fiscalía presentó la denuncia a instancias de la Agencia Tributaria, aseguró que el responsable era un inspector: "Que no me quiere". Además sostuvo que éste promovía una asociación de "béticos detractores de Lopera". Más tarde, pidió comprensión hacia la historia y el significado del Betis. Otra vez más, sus abogados insinuaron que todo era una "diferencia de criterios". El Consejo de Administración del Betis aprobó en diciembre de 2000 el traspaso de varios contratos del Betis con Tegasa a la sociedad Encaje del Deporte, también propiedad de Ruiz de Lopera.