Un juez condena al Departamento de Justicia por "tozudez jurídica"
Le acusa de "malicia" por no resolver desde 1999 un litigio laboral
El Juzgado de lo Social número 1 de Bilbao ha condenado al Departamento de Justicia, que dirige Joseba Azkarraga, a pagar una multa de 300 euros por "su tozudez jurídica y ya notoria temeridad", al no reconocer la categoría laboral y su correspondiente retribución a nueve trabajadores que desempeñan su labor en la Administración de Justicia. El importe de la multa resulta simbólico en comparación con el contundente reproche del juez a la resistencia del departamento a la hora de acatar las reiteradas sentencias dictadas a favor de estos empleados desde 1999.
Los hechos se remontan a ese...
El Juzgado de lo Social número 1 de Bilbao ha condenado al Departamento de Justicia, que dirige Joseba Azkarraga, a pagar una multa de 300 euros por "su tozudez jurídica y ya notoria temeridad", al no reconocer la categoría laboral y su correspondiente retribución a nueve trabajadores que desempeñan su labor en la Administración de Justicia. El importe de la multa resulta simbólico en comparación con el contundente reproche del juez a la resistencia del departamento a la hora de acatar las reiteradas sentencias dictadas a favor de estos empleados desde 1999.
Los hechos se remontan a ese año, cuando los trabajadores acudieron por primera vez a la vía judicial para lograr el reconocimiento de categoría. La reclamación judicial tuvo su origen en el no reconocimiento por la Administración del nivel retributivo de estos nueve empleados, que pasaron a depender del departamento tras la transferencia del personal laboral de Justicia por parte del Gobierno central en 1996. Inicialmente, la consejería atribuyó a este colectivo una categoría, pero un año después anunció que ese nivel se iba a extinguir. Desde entonces Justicia dejó de pagarles según a la categoría que tenían establecida y les asignó el salario correspondiente a la categoría inferior. Sin embargo, el departamento no ha dado ningún paso administrativo para cambiarles la categoría inicial.
Los trabajadores tienen que recurrir anualmente a los tribunales para que se les abone la diferencia entre los percibido en nómina y lo que les corresponde por la categoría laboral a la que están adscritos por sentencia. La diferencia oscila entre los 1.300 y los 1.600 euros anuales. Año tras año, los tribunales siempre han dado la razón a los trabajadores. A pesar de eso, el departamento sigue sin concederles la retribución y sólo accede a pagarles cuando se agotan todos los plazos, por lo que tiene que abonar también los intereses de demora y hacerse cargo de los honorarios del abogado de los demandantes.
En su última sentencia, el Juzgado de lo Social número 1 de Bilbao vuelve a dar la razón al colectivo de trabajadores y, además, reprocha al Gobierno "su malicia y notoria temeridad" por no atender las reiteradas sentencias en su contra. Asimismo le condena, por su "tozudez jurídica", al pago de una multa de 300 euros. UGT, sindicato que ha llevado la reclamación de alguno de estos trabajadores, critica el empecinamiento del Gobierno en no reconocer los derechos de los nueve afctados. Pilar Collantes, responsable de Administración General de la Federación de Servicios Públicos de UGT, asegura que los jueces que tratan esta cuestión, que siempre son los mismos, están hartos ya de la situación.
"La Administración", critica Collantes, "prefiere ir pagando antes que reconocer el derecho que asiste a los trabajadores y que está avalado por las sucesivas sentencias. Su actitud hace que tenga que pagar multas por tozudez jurídica y temeridad. Da una imagen deplorable y un ejemplo de lo que no debe ser una Administración pública al servicio de la ciudadanía vasca". Las posibilidades de negociación son escasas, según Collantes, debido a que el departamento ha mostrado una clara voluntad de esperar a que se produzcan la correspondiente resolución judicial antes que conceder la retribución. "La consejería alega que si en el convenio laboral se hubiera fijado un anexo declarando determinadas categorías laborales a extinguir, los tribunales le darían la razón. Pero el caso es que no ha materializado ese anexo".