Industria estudia graduar la tarifa de la luz según el consumo
Montilla considera "prematuro" hablar de subidas por Kioto
El ministro de Industria, José Montilla, abogó ayer por penalizar el "derroche" de energía "incluso con la imposición y los precios relativos", lo que podría incluir la gradación de la tarifa eléctrica en función del consumo. Montilla apostó por el ahorro y la eficiencia energética, avanzó la idea de penalizar el consumo irresponsable y explicó que es "prematuro" hablar de aumento de tarifas para cumplir con Kioto.
El titular de Industria admitió, a preguntas de la prensa, que una de las opciones que "explora" su departamento sería graduar la tarifa eléctrica de acuerdo con el nivel de ...
El ministro de Industria, José Montilla, abogó ayer por penalizar el "derroche" de energía "incluso con la imposición y los precios relativos", lo que podría incluir la gradación de la tarifa eléctrica en función del consumo. Montilla apostó por el ahorro y la eficiencia energética, avanzó la idea de penalizar el consumo irresponsable y explicó que es "prematuro" hablar de aumento de tarifas para cumplir con Kioto.
El titular de Industria admitió, a preguntas de la prensa, que una de las opciones que "explora" su departamento sería graduar la tarifa eléctrica de acuerdo con el nivel de consumo, sistema que algunos municipios utilizan en la actualidad para facturar el suministro de agua.
La idea, según explicó en su intervención, es garantizar un suministro eléctrico a precios asequibles hasta un determinado nivel de consumo y penalizar el "derroche de energía". Montilla precisó, no obstante, que el ahorro energético no sólo se consigue mediante la tarifa. En este sentido, destacó que existen medios técnicos para que los usuarios sepan cuánto consumen en cada momento y cuánto les cuesta, lo que les permitiría modular mejor su gasto.
El ministro se refirió también a la posibilidad, adelantada por Medio Ambiente, de subir "algo" la tarifa eléctrica por las obligaciones que impone cumplir con el Protocolo de Kioto y al respecto señaló que es "prematuro" hablar de ese incremento de tarifas porque "el actual marco tarifario tiene recorrido y las variables existentes en el mismo dan un margen sobre el cual el Gobierno trabaja".
Montilla añadió que "mientras haya operadores [eléctricos] que consideren compatible la negociación con el momento del actual marco tarifario, no seré yo quien diga que debe haber un aumento de tarifas". Uno de los operadores que defiende la posibilidad de asumir los compromisos de Kioto sin subir los precios de la luz es Iberdrola.
Colchones
Ayer mismo, el director de Estrategia de la compañía (segunda del sector), José Luis del Valle, explicó que el actual marco tarifario dispone de "colchones" que pueden absorber el incremento de los costes de generación derivados del Plan Nacional de Asignación de Derechos de Emisión. Estos "colchones" son, según el directivo, las cantidades que actualmente se destinan al pago de la moratoria nuclear, que concluye en 2007, y de los costes de transición a la competencia (CTCs).
Iberdrola calcula que las cantidades liberadas por el fin de la moratoria nuclear y de los CTCs ascenderán a 3.910 millones de euros entre 2005 y 2008.
Ayer prosiguieron las reacciones al borrador del Plan Nacional de de Asignación de Derechos de Emisión de CO2 elaborado por el Gobierno y que prevé un recorte de emisiones de gases de efecto invernadero del 0,4% hasta 2007. El presidente del Principado de Asturias, Vicente Álvarez Areces, expresó su satisfacción por su contenido pero añadió que se debe profundizar en las repercusiones sobre los distintos sectores. "Hay que hacer esfuerzos, pero es evidente que no podemos cargar en sectores básicos de nuestra economía los impactos", dijo Areces, especialmente preocupado por la repercusión de las medidas en el sector minero.
La patronal del sector del cemento, Oficemen, mostró, además de preocupación, rechazo a los planes del Ejecutivo para cumplir con Kioto ya que la cantidad de CO2 provisionalmente asignada a la industria cementera (30 millones de toneladas de dióxido de carbono para las empresas cementeras y de cal) es, según afirma, un 10% inferior a las necesidades para satisfacer la demanda prevista.