El PP quiere conocer los mensajes telefónicos enviados por políticos

El Partido Popular incluyó ayer entre sus peticiones de información para la investigación del 11-M una solicitud "a las compañías telefónicas de la relación de las comunicaciones efectuadas los días 12 y 13 de marzo, especialmente mediante mensajes SMS, a través de teléfonos móviles de titularidad de autoridades e instituciones públicas o de partidos políticos o de sus dirigentes, implicadas en diligencias policiales o procedimientos judiciales sobre los incidentes del día de reflexión".

Los populares intentan probar con esta información que detrás de las concentraciones de ciudadanos e...

El Partido Popular incluyó ayer entre sus peticiones de información para la investigación del 11-M una solicitud "a las compañías telefónicas de la relación de las comunicaciones efectuadas los días 12 y 13 de marzo, especialmente mediante mensajes SMS, a través de teléfonos móviles de titularidad de autoridades e instituciones públicas o de partidos políticos o de sus dirigentes, implicadas en diligencias policiales o procedimientos judiciales sobre los incidentes del día de reflexión".

Los populares intentan probar con esta información que detrás de las concentraciones de ciudadanos en distintas sedes del PP en toda España reclamando al Gobierno la verdad sobre los atentados del 11-M estaban dirigentes de IU y del PSOE. El PP atribuye en parte su derrota electoral a las manifestaciones frente a sus sedes en el día de reflexión.

La entrega de esta documentación por parte de las compañías telefónicas se anuncia un tanto complicada. Fuentes de Telefónica Móviles consultadas por EL PAÍS indicaron ayer que la compañía sólo puede facilitar los datos que solicita el PP, sobre llamadas y mensajes SMS de sus clientes, si se lo pide un juez dentro de una investigación abierta.

La compañía recordó que ni siquiera puede facilitar, sin orden judicial previa, datos que se puedan pedir sobre la localización de una llamada determinada.

El ministro del Interior, José Antonio Alonso, anunció el pasado 24 de mayo que eran necesarios cambios legales para hacer posible un mayor control por parte de la Administración pública de datos privados que puedan servir en la lucha contra el terrorismo.

Entre esas reformas legales figuraba un "desarrollo de la Ley de Telecomunicaciones, exigiendo colaboración a las operadoras, y posible identificación en las tarjetas prepago".

También proponía la modificación de la Ley Orgánica de Protección de Datos de carácter personal para hacer posible el acceso a "datos necesarios para la Seguridad del Estado y en especial para la lucha contra el terrorismo".