El Ayuntamiento de Chiclana inicia la regularización de 10.000 viviendas ilegales
El Consistorio exigirá el pago de servicios públicos a cambio de licencias
El Ayuntamiento de Chiclana de la Frontera (Cádiz) comenzará esta semana un complejo procedimiento para legalizar unas 10.000 viviendas construidas en las últimas décadas en terrenos rústicos sin licencia alguna que, además, han forzado la prestación de diversos servicios públicos. El Consistorio abrirá una negociación con los residentes para que asuman los costes de estos servicios y de las tramitaciones de licencias.
El nuevo primer edil de la localidad gaditana, José María Román (PSOE), anunció ayer una campaña para regularizar el parque de viviendas ilegales, unas 10.000, construida...
El Ayuntamiento de Chiclana de la Frontera (Cádiz) comenzará esta semana un complejo procedimiento para legalizar unas 10.000 viviendas construidas en las últimas décadas en terrenos rústicos sin licencia alguna que, además, han forzado la prestación de diversos servicios públicos. El Consistorio abrirá una negociación con los residentes para que asuman los costes de estos servicios y de las tramitaciones de licencias.
El nuevo primer edil de la localidad gaditana, José María Román (PSOE), anunció ayer una campaña para regularizar el parque de viviendas ilegales, unas 10.000, construidas en las últimas décadas en el término municipal. Román, que tomó posesión del cargo la pasada semana en sustitución de Manuel Jiménez Barrios, quien ha sido nombrado secretario general de Deportes de la Junta de Andalucía, explicó que, en el caso de Chiclana de la Frontera, las viviendas son "en su mayor parte" de primera residencia, por lo que el Ayuntamiento ha optado por legalizar su situación en lugar de proceder al desalojo obligatorio y la posterior demolición de los inmuebles.
Según los informes cartográficos del Ayuntamiento gaditano, las viviendas ilegales ocupan una extensión de unos 20 millones de metros cuadrados, que se ubican, fundamentalmente, en la zona norte de la localidad, en las áreas conocidas como Majadillas Altas, el centro de El Marquesado y la zona residencial alrededor de la avenida del Mueble.
En las próximas semanas, el Consistorio desarrollará una intensa campaña de contactos con los propietarios de viviendas ilegales para proponerles acuerdos económicos. Román explicó que el objetivo es "que paguen los servicios públicos que están consumiendo", los de luz, agua y basura, a cambio de aceptar la tramitación de sus residencias como inmuebles legales. Según el plan municipal, las nuevas infraestructuras urbanas necesarias para conceder licencia de habitabilidad deberían ser sufragadas también por los vecinos.
Proceso complejo
El alcalde de Chiclana aseguró que ya se han producido "conversaciones previas" y aseguró que se trata de un proceso "complejo" que exigirá "mucha voluntad por ambas partes". Con todo, Román explicó que experiencias anteriores demuestran "la efectividad" de este tipo de iniciativas.
La estrategia municipal dará cumplimiento a lo establecido por el nuevo Plan General de Ordenación Urbana de la ciudad, aprobado el pasado año por la Consejería de Obras Públicas. El documento del Ayuntamiento gaditano establece el cambio de uso para los terrenos donde están ubicadas la mayor parte de las viviendas ilegales, confiriéndoles calificación de suelo urbanizable y concediéndoles sistemas básicos de habitabilidad. En concreto, el área de Urbanismo ha aprobado la creación de nueve áreas de regularización urbanística en zonas del extrarradio. Los residentes en estas zonas podrán acogerse de manera voluntaria a este proceso extraordinario de legalización en un plazo que permanecerá abierto hasta finales de verano.
Al mismo tiempo, el Ayuntamiento reforzará su política de control urbanístico para evitar que se sigan construyendo edificaciones ilegales. El plan, según José María Román, supone el establecimiento de "un antes y un después, porque no sería asumible por la ciudad que estuviése permanentemente en esta situación" de construcción de viviendas en suelos rústicos. La nueva Ley del Suelo de Andalucía, vigente desde el año pasado, faculta a los ayuntamientos a paralizar obras sin licencias sin tener que esperar a una decisión judicial.