Financiación solidaria para las universidades
Uno de los problemas aún no resueltos, en este final de curso 2003-2004, es el de la financiación con el que las universidades públicas valencianas van a contar en este año y los siguientes. En el año 2003 finalizó la vigencia del actual modelo de financiación plurianual sin que, hasta el momento, las sucesivas urgencias políticas hayan permitido un acuerdo para salvar, al menos temporalmente, el intervalo necesario que permita funcionar a las instituciones universitarias hasta que se substancie la prometida Ley de Universidades, que debe incluir una propuesta más a largo plazo del escenario f...
Uno de los problemas aún no resueltos, en este final de curso 2003-2004, es el de la financiación con el que las universidades públicas valencianas van a contar en este año y los siguientes. En el año 2003 finalizó la vigencia del actual modelo de financiación plurianual sin que, hasta el momento, las sucesivas urgencias políticas hayan permitido un acuerdo para salvar, al menos temporalmente, el intervalo necesario que permita funcionar a las instituciones universitarias hasta que se substancie la prometida Ley de Universidades, que debe incluir una propuesta más a largo plazo del escenario financiero con el que las universidades valencianas deberán encarar el proceso de reforma y modernización requerido para poder converger en el espacio europeo de educación superior.
La primera cuestión que me gustaría señalar es que, pese a la importancia que el tema pueda tener como titular de prensa, la cantidad total de recursos con el que las universidades van a contar, en porcentaje del producto interior bruto (PIB) valenciano, no es el único elemento a considerar cuando se discute de una distribución de fondos públicos, a la fuerza limitados, entre distintas universidades. Resulta extremadamente prolijo el intentar reseñar, en pocas líneas, las diversas habilidades contables que pueden llegar a hacer aparecer substanciosos porcentajes de financiación dedicados a la educación superior, sobre todo mediante la adición sucesiva de cifras que cubren en la práctica otras necesidades, o creando necesidades de financiación nuevas, por ejemplo el pago de intereses, que hubieran podido evitarse aplicando otros instrumentos de financiación a las inversiones de las universidades en los últimos años.
No obstante, ahora que las autoridades universitarias parecen decididas a conceder a las universidades y a su financiación la importancia que deberían tener como elemento clave para el futuro económico, cultural y social de nuestra Comunidad, es preciso señalar que la cifra de financiación que las universidades requieren para situarlas con unos niveles de dotación de recursos que las aproximen a la media europea supone, se mida como se mida, realizar un importante esfuerzo financiero desde la situación actual, y que la magnitud del esfuerzo es simplemente una cuestión de política universitaria: si la Generalitat Valenciana quiere que las universidades valencianas jueguen en primera división deberán arbitrar los recursos para ello y pedir cuentas después de los resultados que éstas obtengan.
Pero la suficiencia financiera no basta. Es posible alcanzar niveles de financiación equiparables a los europeos sin que los desequilibrios internos que la financiación muestra en la actualidad se hayan resuelto satisfactoriamente.
A mi entender, existen cuatro elementos que hay que considerar conjuntamente para alcanzar un marco de funcionamiento adecuado de la financiación universitaria. El primero de ellos, como ya he señalado, es un marco financiero creciente y transparente que asegure la convergencia europea. El segundo se refiere a los desequilibrios detectados como consecuencia de la aplicación del modelo de financiación agotado en 2003. Estos desequilibrios se deben, en gran medida, a la rigidez del modelo acordado en 1998 y que se ha manifestado incapaz de resolver, en forma de financiación complementaria, algunas singularidades de las universidades, en particular de la Universitat de València, lo que ha provocado a medio plazo una situación financiera insostenible. No es posible aplicar módulos de financiación iguales a situaciones desiguales en términos de costes de las plantillas consolidadas de las instituciones, a titulaciones que se ofertan para asegurar la diversidad y dar cobertura a demandas sociales minoritarias, pero que no responden a lo que se denomina demanda de "mercado", aunque los titulados en ellas sean tan necesarios para nuestra calidad de vida como ingenieros o economistas, o, finalmente, a gastos de mantenimiento de un patrimonio histórico y cultural cuya financiación sale de los mismos fondos.
La tercera cuestión necesaria al sistema de financiación es la inclusión de un nuevo plan de inversiones. Es poco realista pensar que las necesidades de inversión de las universidades, como las de cualquier servicio público, se agotan en un momento del tiempo por que ya están finalizadas todas las infraestructuras. Las universidades necesitan renovarse y ampliarse y este proceso no tiene fin, salvo que estemos dispuestos a soportar un deterioro progresivo, tanto en términos absolutos como en relación con otros sistemas educativos superiores que van a persistir en el proceso de renovación y mejora. Cuestión distinta es que los procesos de renovación ya no tengan el carácter amplio que exigía la situación de postración de las universidades hace unos años, pero sin duda la calidad del sistema exige que, tras el segundo plan de inversiones, venga el tercero y después el cuarto.
Finalmente, pero no de menor importancia, el acuerdo de financiación debe ser solidario. He preferido en el título la expresión una "financiación solidaria" en lugar de una "financiación justa", porque creo que la solidaridad refleja mejor lo que pienso respecto a cómo debe articularse la propuesta de financiación: una propuesta en la que, cada una de las partes que la formula, se pone en el lugar del otro e intenta llegar a acuerdos basados no sólo en cuál es su situación final en el nuevo sistema, sino en cómo se han resuelto, de manera satisfactoria, aquellos elementos que permitan calificar a la propuesta como una propuesta justa. En este juego cooperativo, tanto las universidades como los responsables autonómicos tienen mucho que ganar, también para sus intereses inmediatos pero, sobre todo, para el conjunto de la sociedad que los sustenta.
Enrique Villarreal es miembro de la Universitat de València.