Los Veinticinco aprueban una fórmula para sortear los vetos de Londres
Los ministros de Exteriores avanzan en las negociaciones de la Constitución europea
La UE alcanzó ayer un acuerdo para superar un punto muerto en las negociaciones sobre la Constitución originado por la negativa del Reino Unido a prescindir del derecho al veto en áreas tan sensibles para Londres (sus líneas rojas) como la cooperación judicial penal. Los ministros de Exteriores de los 25 pactaron ayer en Luxemburgo una solución: si Londres, o cualquier otro país, veta durante un año una ley europea sobre delitos y penas mínimas, un grupo de países podrá aprobar la norma para aplicarla en sus territorios formando una denominada "cooperación reforzada" en ese terreno.
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La UE alcanzó ayer un acuerdo para superar un punto muerto en las negociaciones sobre la Constitución originado por la negativa del Reino Unido a prescindir del derecho al veto en áreas tan sensibles para Londres (sus líneas rojas) como la cooperación judicial penal. Los ministros de Exteriores de los 25 pactaron ayer en Luxemburgo una solución: si Londres, o cualquier otro país, veta durante un año una ley europea sobre delitos y penas mínimas, un grupo de países podrá aprobar la norma para aplicarla en sus territorios formando una denominada "cooperación reforzada" en ese terreno.
Londres facilita así la Europa a varias velocidades a cambio de que se respeten sus líneas rojas. Fue ésa la "fórmula imaginativa", en palabras del ministro español de Asuntos Exteriores, Miguel Ángel Moratinos, que ideó la presidencia de la UE, Irlanda, para superar el obstáculo británico en el terreno de la cooperación judicial, un área de enorme interés de España, entre otros. Los artículos 171 y 172 de la tercera parte del proyecto constitucional prevén que unas leyes europeas aprobadas por mayoría cualificada, sin derecho a veto, fijarán normas mínimas para facilitar el reconocimiento de sentencias, definir las infracciones penales y fijar unas sanciones equivalentes.
Para eludir la exigencia británica de mantener el derecho al veto en esos casos, Irlanda incluyó un llamado "freno de emergencia" consistente en lo siguiente: si, a la hora de votar esas leyes, un Estado entiende que la ley propuesta "lesiona los principios fundamentales de su sistema jurídico", la votación se suspende y el caso es analizado por el Consejo Europeo (cumbre de jefes de Estado o de Gobierno) y habrá un plazo de cuatro meses para alcanzar un acuerdo.
Ayer, los ministros aceptaron el siguiente añadido: si, finalmente, transcurre un año sin acuerdo, los Estados que lo deseen podrán avanzar por su cuenta con esa ley que acepten, con la única condición de que el número mínimo de países sea un tercio de los que integren la UE en ese momento. Se amplían así las posibilidades de formar cooperaciones reforzadas (grupo de Estados que quieran avanzar más rápido en determinadas áreas) de forma similar a la que ya existe en el caso del euro (no participan Reino Unido, Dinamarca ni Suecia, además de los diez recién incorporados) o del espacio Shengen (no participan Reino Unido, Irlanda ni los nuevos socios) sobre libre movimiento dentro de la UE. El proyecto constitucional ya prevé también normas específicas para crear cooperaciones reforzadas en el área de la Defensa.
Otras líneas rojas impuestas por el Reino Unido serán resueltas con otras fórmulas. En fiscalidad, por ejemplo, donde Londres también exige mantener el veto, la presidencia irlandesa propuso ayer eliminar un artículo que prevé la aprobación por mayoría cualificada de una ley europea sobre lucha contra el fraude y la evasión fiscal. En seguridad social, Londres impuso que la legislación al respecto pueda ser devuelta si no cuenta con el beneplácito de todos.
Pese a todos estos arreglos de última hora que están rebajando y minando el proyecto constitucional, los ministros de Exteriores se mostraron optimistas, con la única excepción del embajador belga Pierre Chevalier, quien se quejó de esos continuos recortes. El irlandés Brian Cowen, por el contrario, dijo que "los avances son notables" y que esta semana la cumbre del jueves y viernes en Bruselas concluirá en "éxito".
Moratinos también destacó que "hay voluntad de alcanzar un acuerdo", aunque reconoció que España encuentra "dificultades" para que su propuesta de reparto de poder sea aceptada. "Encontraremos una solución razonable", confió. Los ministros, en cambio, no llegaron a ningún acuerdo sobre la exigencia de Polonia, Italia y Portugal, entre otros, para que el preámbulo de la Constitución se refiera a la "herencia cristiana" en Europa. Esta cuestión, como el reparto de poder, será tratada directamente por los líderes el jueves y el viernes.
Presidente de la Comisión
En la misma cumbre, los líderes tienen que designar al próximo presidente de la Comisión Europea. El liberal belga Guy Verhofstadt era hasta el domingo el mejor situado, pero los malos resultados de su partido en las europeas parecen complicarle el camino a favor del luxemburgués Jean-Claude Juncker o del irlandés Bertie Ahern. ¿Y Javier Solana? "España no tiene candidato", dijo Moratinos ayer, "pero la magia de un Consejo Europeo puede abrir todo tipo de opciones". El ministro español repitió que la opción de su Gobierno consiste en que los líderes nombren de nuevo a Solana Alto Representante para la Política Exterior ("hay casi unanimidad") y que salga de la cumbre como "ministro europeo de Exteriores in péctore" para ser nombrado oficialmente cuando entre en vigor la Constitución, en teoría en 2007.
El presidente del Gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero, expondrá hoy ante el pleno del Congreso de los Diputados las líneas generales de la posición que mantendrá esta semana en Bruselas en la negociación del texto de la Constitución europea, informa Efe. Zapatero reiterará su decisión de aceptar el principio de doble mayoría (de Estados y de población) para la toma de decisiones en el Consejo Europeo. El jefe del Gobierno acudirá a la reunión con sus colegas europeos con la intención de no obsesionarse con el bloqueo y de lograr la mayor capacidad de influencia para España, según fuentes del Gobierno.