Dos años y medio sin convenio

Toda negociación está llena siempre de cortinas de humo, de pasos adelante y traspiés inoportunos, de declaraciones incandescentes y del consabido cruce de comunicados, cartas, papeles y propuestas entre las partes. La que se vive en los últimos meses en la Ertzaintza cumple a la perfección ese patrón general, con interpretaciones enfrentadas, cuando no sesgadas por ambas partes, de las propuestas que hay encima de la mesa.

Pero hay un dato en el caso de la Ertzaintza que es incuestionable: Más de 7.400 agentes llevan con el convenio caducado desde el 31 de diciembre de 2001. Par...

Toda negociación está llena siempre de cortinas de humo, de pasos adelante y traspiés inoportunos, de declaraciones incandescentes y del consabido cruce de comunicados, cartas, papeles y propuestas entre las partes. La que se vive en los últimos meses en la Ertzaintza cumple a la perfección ese patrón general, con interpretaciones enfrentadas, cuando no sesgadas por ambas partes, de las propuestas que hay encima de la mesa.

Pero hay un dato en el caso de la Ertzaintza que es incuestionable: Más de 7.400 agentes llevan con el convenio caducado desde el 31 de diciembre de 2001. Para ese año, la jornada en la policía ya era de 35 horas semanales.

Cuando el pasado 2 de junio el director de Empleo del Gobierno vasco, Adolfo González Berruete, preguntó al viceconsejero de Seguridad, Mikel Legarda, de cuándo databa el último acuerdo regulador en la Ertzaintza, el responsable de Interior, casi con un hilillo de voz apenas perceptible, tuvo que reconocer que el convenio firmado en solitario con Erne llevaba prorrogado desde 2001. Los asistentes a esa reunión, el representante de Erne y el letrado de la central, Ernesto Martínez, y los dos responsables del Gobierno anteriormente citados, discutían sobre la convocatoria de huelga para este domingo y para el 30 de junio ante el bloqueo de unas negociaciones que "han resultado infructuosas", según recogía la central en su convocatoria de paro.

Según varios de los asistentes a la reunión, el director de Trabajo llegó a proponer al sindicato que finalmente sólo un ertzaina hiciera la huelga y que la sanción prevista en la Ley de Policía fuera posteriormente retirada. La participación en una huelga puede suponer para un ertzaina de dos años a cuatro de suspensión de funciones o, incluso, la expulsión. La idea de Trabajo fue calificada de "estrambótica" por Erne, que con su convocatoria y posterior recurso ante los tribunales pretende abrir un debate en el Contencioso Administrativo y en el Tribunal Constitucional sobre el derecho a la huelga de los agentes.

Hasta ese día, Interior y Erne habían mantenido numerosas reuniones desde el mes de marzo pasado para intentar desatascar un conflicto que ha vivido en los dos últimos años las movilizaciones más multitudinarias en la historia de la Ertzaintza: unos 3.500 agentes protestando por las calles de Bilbao contra Balza, Legarda y la vicelehendakari, Idoia Zenarruzabeitia, clave en el conflicto porque es quien maneja el dinero público. El grifo que deja o no correr el euro. Y es indiscutible que desde el asesinato de dos patrulleros en Beasain, a finales de 2001, Interior ha realizado un esfuerzo en materia de seguridad para los ertzainas que supera ya los 60 millones de euros.

Desde el principio, Balza y Legarda han manifestado a los sindicatos y a este periódico que para incremento salarial "no había dinero". "En todo caso podíamos pedir un esfuerzo suplementario al lehendakari en seguridad", indicó en la anterior campaña electoral a EL PAÍS Legarda.

Hay otro dato fundamental en toda esta negociación: el acuerdo rubricado por CC OO y UGT para toda la Administración vasca en el que se contempla un incremento que en el caso de la Ertzaintza supondrá 7,29 millones de euros para este año, según Interior. Balza hizo público ese dato y su oferta de "seis millones para productividad y otro millón de euros más en abono de citaciones judiciales" el pasado martes. Para entonces, las espadas de Erne y Comisiones ya estaban en alto. Una misiva remitida a finales de mayo por ambas centrales al consejero es contestada por Balza el día 7, la víspera a hacer públicos los datos de la negociación, aunque fue redactada el día 3 de junio, según consta en el documento al que ha tenido acceso EL PAÍS. Balza tacha en la misiva el "mensaje general de su escrito conjunto" de "inaceptable". "Se les ha trasladado un incremento de importante contenido económico, especialmente en el caso del complemento de productividad [...] sin olvidar otras mejoras que repercutirían en la retribución global. Todo ello dirigido a alcanzar un acuerdo a un solo año y sin ninguna revisión o esfuerzo añadido por la parte sindical".

Erne acusó al día siguiente de recibir la carta a Interior de "manipulación". "Quieren premiar la presencia con productividad a cambio de no poder ir al entierro de un hijo, no poder faltar ningún día aunque tengas un accidente laboral. Mienten y manipulan", dijo la central. La clave para alcanzar un acuerdo, según Erne, es aprobar el cambio de escala en un acuerdo a tres años, lo que supondría un desembolso de 2.500 millones de pesetas (2.000 para todos los agentes en salario base y unos 500 millones para antigüedad). La negociación, con todo, no parece rota del todo.