Caldera cifra el coste de la reforma entre 50 y 80 millones de euros

Cuatro ministerios tendrán que velar por que la ley contra la violencia sobre las mujeres se cumpla: Justicia creará nuevos juzgados y prestará asesoramiento con un coste aproximado de algo más de 24 millones de euros; Interior destinará a policía y equipamiento más de 6,5 millones; Educación no tendrá coste añadido; y Trabajo y Asuntos Sociales compartirá los 14,6 millones de euros con las comunidades autónomas. La ley costará entre 50 y 80 millones.

Atender de forma integral a las víctimas de la violencia machista costará cada año, según los cálculos del Gobierno, entre 50 y 80 millon...

Cuatro ministerios tendrán que velar por que la ley contra la violencia sobre las mujeres se cumpla: Justicia creará nuevos juzgados y prestará asesoramiento con un coste aproximado de algo más de 24 millones de euros; Interior destinará a policía y equipamiento más de 6,5 millones; Educación no tendrá coste añadido; y Trabajo y Asuntos Sociales compartirá los 14,6 millones de euros con las comunidades autónomas. La ley costará entre 50 y 80 millones.

Atender de forma integral a las víctimas de la violencia machista costará cada año, según los cálculos del Gobierno, entre 50 y 80 millones de euros. A ese coste estimado hará frente la Administración General del Estado aunque, como dice la memoria económica que acompaña a la ley, "conviene precisar que la gestión de gran parte del conjunto de estas medidas es competencia de las comunidades autónomas y, en consecuencia, no tiene por qué implicar necesariamente un coste directo para el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales".

Hay otros ministerios implicados, pero en lo que afecta a la lucha contra esta violencia, no tienen transferidas las competencias a todas las comunidades. A Interior la nueva ley le costará 6.563.517 euros y una partida para 2006 de 977.800 euros; a Justicia, algo más de 24 millones de euros y para Educación, aunque también tiene tarea encomendada en la ley, no tendrá coste económico añadido.

En lo que respecta a Trabajo y Servicios Sociales, el ministerio y las consejerías tendrán que aportar 14,6 millones de euros. Con ellos habrá que hacer centros integrales de recuperación y casas de acogida para las víctimas. Los primeros cuestan unos 2.400.000 euros y las segundas unos 300.000. Se recomienda que cada comunidad instale los suficientes para dar cobertura a sus necesidades. El Gobierno creará un fondo con cargo a los presupuestos destinado a financiar el primer centro que se construya.

Trabajo calcula que al año tendrá que hacer frente a unas 700 prestaciones contributivas por resolución voluntaria de contrato. Para ello dedicará 9,7 millones de euros; y para las víctimas que suspendan su relación laboral durante los seis meses previstos prevé una partida de 4,9 millones de euros.

Compete al Ministerio de Justicia la creación y adaptación de los juzgados que tratarán los casos de violencia contra la mujer. Los primeros 21 nuevos juzgados tendrán un coste de 11.866.743 euros, mientras que para la adaptación de juzgados para que asuman estas nuevas competencias se han previsto 6.854.100 millones. El cálculo exacto superaba los 20 millones pero se ha optado por compartir entre varios partidos judiciales los equipos de psicólogos y asistentes sociales para ahorrar recursos; también hay que descontar de ese cálculo inicial los equipos de profesionales que ya están en marcha.

La asistencia jurídica gratuita a las víctimas (abogado de oficio y procurador) contará con una partida de 4.117.496 millones. Esta cifra se obtiene al calcular las 18.885 órdenes de protección que cada año se dictarán y multiplicarlas por un coste aproximado de 218 euros cada una. Otros servicios especializados de asesoramiento se cubren ya mediante convenios con el Consejo General de la Abogacía. Para la creación de un servicio de traducción al lenguaje de signos se destinarán 6.000 euros; y para las nuevas unidades de valoración forense (30 plazas) se prevé un coste anual de 1.032.825 euros.

Al Ministerio de Interior le corresponderá reasignar efectivos para proteger a las víctimas entre los agentes que realicen tareas burocráticas no esenciales. Esas horas extras serán recompensadas con cargo anual a los presupuestos generales. En total, para la Guardia Civil y la Policía Nacional se calcula en este capítulo un total de 356.420 euros.

La formación de los agentes de ambos cuerpos que se dediquen a estas tareas costará 58.261 euros. Al equipamiento de estos trabajadores y la adquisición en 2006 de teléfonos móviles y dispositivos de marcación rápida para las víctimas se destinarán 977.800 euros. A Instituciones Penitenciarias, dependiente de Interior, le corresponde un coste de formación e incremento de profesionales de 6.148.836.