Canarias quiere dejar de pagar las patrulleras de la Guardia Civil
Detenidos 112 inmigrantes que llegaron en tres pateras a Fuerteventura
El consejero de Economía y Hacienda del Gobierno de Canarias, José Carlos Mauricio, ha comunicado al nuevo delegado del Gobierno en las islas, José Segura, que Canarias no puede seguir pagando dos de las patrulleras de la Guardia Civil que vigilan las costas. El Ejecutivo autónomo ha asegurado a EL PAÍS que la adquisición de los barcos, en 1999, sus seguros y sus reparaciones le han supuesto hasta hoy un total de 1.864.689 euros.
Mauricio reveló que el Gobierno autónomo pagaba las patrulleras de la Guardia Civil durante la presentación, el martes pasado, de un plan de racionalización d...
El consejero de Economía y Hacienda del Gobierno de Canarias, José Carlos Mauricio, ha comunicado al nuevo delegado del Gobierno en las islas, José Segura, que Canarias no puede seguir pagando dos de las patrulleras de la Guardia Civil que vigilan las costas. El Ejecutivo autónomo ha asegurado a EL PAÍS que la adquisición de los barcos, en 1999, sus seguros y sus reparaciones le han supuesto hasta hoy un total de 1.864.689 euros.
Mauricio reveló que el Gobierno autónomo pagaba las patrulleras de la Guardia Civil durante la presentación, el martes pasado, de un plan de racionalización de las empresas públicas de las islas. Explicó que el acuerdo se alcanzó debido al aumento espectacular de la llegada de pateras y porque el Ministerio del Interior, que entonces dirigía el actual candidato del PP a las elecciones europeas, Jaime Mayor Oreja, carecía de presupuesto para comprarlas. Fueron adquiridas el 19 de Octubre de 1999 y costaron 1.742.935 euros.
El consejero informó también de que los pagos de los seguros (113.912 euros) y de las reparaciones (7.842 euros) han sido realizados hasta ahora por la empresa pública Mercocanarias, que depende de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación, y cuya función principal consiste en regular la producción agrícola de las islas.
La implicación de Mercocanarias en este asunto se debe, según Mauricio, a que el Gobierno autónomo no puede disponer de un presupuesto para patrulleras. "Sería discutible desde el punto de vista de la contabilidad del Estado y del Tribunal de Cuentas", dijo. Pero ese arreglo implica que las personas que gestionan los barcos no son especialistas en la materia. "Por eso las patrulleras tienen tantas averías", argumentó Mauricio.
Las declaraciones del consejero provocaron un comunicado del nuevo delegado del Gobierno en las islas, José Segura. Aunque afirma que el Ejecutivo autónomo sólo abona los seguros de las embarcaciones, la detallada contabilidad del Gobierno a la que ha tenido acceso este periódico parece indicar que ha sido mal informado.
Política y pateras
En medios políticos de las islas se interpreta esta polémica en base a dos coordenadas. La primera es la negociación entre el Gobierno de Canarias y el Gobierno central de la finaciación de la comunidad autónoma. La segunda es el pulso existente entre Coalición Canaria, partido al que pertenece Mauricio, y el PSC-PSOE, para que el primero rompa su pacto de gobierno con el PP y abra la puerta del Ejecutivo a los socialistas. En principio, Coalición Canaria apuesta por gobernar en minoría, pero el PSC-PSOE se niega en redondo.
Mientras se ventilaban estas cuestiones, la Guardia Civil detenía la tarde del jueves en Fuerteventura a 111 inmigrantes subsaharianos que habían llegado a la isla en tres pateras. También fue detenido el patrón, marroquí, de una de ellas. Las tres lanchas, de madera, habían zarpado la noche anterior de las costas del Sáhara Occidental, ocupado por Marruecos.
Un helicóptero de la Guardia Civil localizó las dos primeras barcas en la playa de Las Salinas y en el barranco La Torre, cuando los inmigrantes ya habían desembarcado. Más tarde, el mismo helicóptero detectó la tercera patera, que navegaba a dos millas de la zona de Las Playitas.
Esta última patera fue remolcada por una patrullera hasta el muelle de Gran Tarajal, ya que el fuerte oleaje y el gran número de personas que transportaba (38) amenazaban con hacerla volcar. El patrón fue puesto a disposición judicial.
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