Dos frentes cerrados

La reunión de Manuel Chaves y Jordi Sevilla cierra, a falta de la firma del 10 de junio, los dos principales frentes de batalla que la Administración central y la andaluza han mantenido en los últimos ocho años: la financiación autonómica y el traspaso de competencias.

El hecho de que el sistema de financiación del periodo 1997-2001 no reconociese a efectos financieros a 365.000 andaluces condicionó las relaciones entre el Ejecutivo de Chaves y el de José María Aznar en las dos últimas legislaturas. Aunque en este tiempo hubo conversaciones para resolver el conflicto, todas las negociac...

La reunión de Manuel Chaves y Jordi Sevilla cierra, a falta de la firma del 10 de junio, los dos principales frentes de batalla que la Administración central y la andaluza han mantenido en los últimos ocho años: la financiación autonómica y el traspaso de competencias.

El hecho de que el sistema de financiación del periodo 1997-2001 no reconociese a efectos financieros a 365.000 andaluces condicionó las relaciones entre el Ejecutivo de Chaves y el de José María Aznar en las dos últimas legislaturas. Aunque en este tiempo hubo conversaciones para resolver el conflicto, todas las negociaciones fracasaron. El último intento fue en las semanas previas a la última campaña electoral, después de que la Junta aceptase la cifra de 2.500 millones de euros que el PP propuso para zanjar este asunto. En ese momento, el Gobierno del PP dijo que pese a que las dos partes estaban conformes con la cifra no se podía cerrar el acuerdo por la coyuntura electoral.

Este conflicto se ha trasladado a los tribunales, sobre todo ante el Constitucional, aunque también a la Audiencia Nacional y al Tribunal Superior de Justicia de Madrid. Entre 1997 y 2001, la Junta recurrió las leyes de los Presupuestos Generales del Estado por considerar lesionados sus intereses, aunque el alto tribunal no se ha pronunciado sobre ninguno de los recursos, algo que ya no tendrá que hacer en virtud del acuerdo alcanzado ayer.

La segunda parte del acuerdo se refiere al traspaso de competencias, una demanda constante de la Junta en los últimos ocho años. En este periodo sólo se cerraron dos traspasos: medios materiales y personales de Justicia y las políticas activas de empleo. Este traspaso tardó siete años en llegar y fue prometido por los ministros de Trabajo del PP Javier Arenas, Manuel Pimentel y Juan Carlos Aparicio. Finalmente, firmó el acuerdo Eduardo Zaplana.