El director de Patrimonio rechaza derribar el Teatro Romano saguntino

El director general de Patrimonio, Manuel Muñoz, no es partidario de "tomar ninguna iniciativa para deshacer" la restauración arquitectónica del Teatro Romano de Sagunto. "Hay que hacer un esfuerzo de consenso, aunque claro, siempre respetuoso con la ley y las sentencias", añadió en relación con el fallo ahora pendiente de ejecución. El Consell Valencià de Cultura se expresó ayer en el mismo sentido.

Muñoz no quiso extenderse más en torno al tema y se remitió a su visita a Sagunto del pasado jueves y al informe que iba a aprobar el Consell Valencià de Cultura (CVC) en un pleno que contó...

El director general de Patrimonio, Manuel Muñoz, no es partidario de "tomar ninguna iniciativa para deshacer" la restauración arquitectónica del Teatro Romano de Sagunto. "Hay que hacer un esfuerzo de consenso, aunque claro, siempre respetuoso con la ley y las sentencias", añadió en relación con el fallo ahora pendiente de ejecución. El Consell Valencià de Cultura se expresó ayer en el mismo sentido.

Muñoz no quiso extenderse más en torno al tema y se remitió a su visita a Sagunto del pasado jueves y al informe que iba a aprobar el Consell Valencià de Cultura (CVC) en un pleno que contó en sus inicios con la presencia del nuevo secretario autonómico de Cultura y Política Lingüística, David Serra. Daba a entender así su respaldo al organismo y a sus decisiones.

Muñoz se despidió como miembro del CVC que, como se esperaba, dio el visto bueno a la Propuesta de dictamen del Consell Valencià de Cultura sobre las medidas de protección del patrimonio cultural valenciano, no sin antes producirse un debate de carácter más bien estilístico y gramatical, en todo caso, formal. Porque la mayoría de los consejeros estaba de acuerdo con el contenido del informe, extenso, trabajado y consensuado en una comisión, aunque se presentaron enmiendas.

El párrafo referido a Sagunto dice: "(...) El CVC recomienda una solución extraprocesal, evitando una intervención de restitución al estado anterior a la reforma, por considerar, entre otras cosas, que las intervenciones ya hechas se han incorporado al bien como un componente ya consolidado con valor patrimonial y cultural".

El único consejero que se mostró abiertamente contrario a este párrafo fue Leopoldo Peñarroja.

Al final, se decidió someter a votación el dictamen e incorporar posteriormente la mayoría de las sugerencias del pleno para no demorar más la entrega del mismo a la presidencia de la Generalitat. Fue precisamente, el titular del Consell, Francisco Camps, quien pidió al Consell de Cultura un informe sobre el patrimonio global que abordará también la espinosa cuestión del Teatro Romano de Sagunto para ganar tiempo e intentar encontrar una salida. Al fin, se aprobó por 11 votos a favor, tres abstenciones y un voto en contra.

En relaicón con el teatro, el portavoz del Gobierno valenciano, Alejandro Font de Mora, manifestó ayer al término del pleno del Consell que éste "en su conjunto avalará decisiones que entren dentro de la legalidad". El consejero aseguró que la posición del Consell sobre este tema "no ha variado", y destacó que el Ejecutivo es "coherente" con la trayectoria que se ha seguido hasta ahora y que se ha reflejado también en resoluciones aprobadas por el grupo popular en las Cortes Valencianas.

La coordinadora de Cultura del grupo parlamentario socialista en las Cortes, Isabel Escudero, afirmó que el dictamen del CVC "aporta cordura al Consell". La socialista aseguró que es "ilógico" querer "arrasar con una obra que, tal y como se encuentra, ya tiene valor por sí mismo". "Además las obras de demolición no están presupuestadas y, tal y como están las arcas públicas, vacías por un despilfarro de 9 años, asumir ese coste hubiese endeudado todavía más a la Generalitat".

Ejecución forzosa

Juan Marco Molines, el abogado y ex diputado del PP que mantiene el pleito contra la intervención en Sagunto, minimizó ayer el dictamen del CVC que desaconseja la demolición de las obras de rehabilitación del teatro que el Tribunal Superior de Justicia declaró ilegales y sobre las que dio un plazo de 18 meses en 2003 para que se revertieran. Molines explicó ayer que "el informe tiene legal y judicialmente un valor absolutamente irrelevante". Tal es así que consideró que en "nada obstaculiza" el cumplimiento de la sentencia y advirtió de que si el 20 de diciembre, fecha en la que concluye el plazo concedido por el TSJ a la Consejería de Cultura para revertir la rehabilitación, "no se ha ejecutado el fallo, no me quedará más remedio que pedir la ejecución forzosa, lo cual lamentaré mucho".